El canciller nacional, Eladio Loizaga, resaltó ayer: “Vamos a empezar a buscar que en el Mercosur también tengamos una revisión sobre la implementación de dicho protocolo”, aprobado por el Consejo del Mercado Común del Sur, en Asunción, en junio de 2005.
“El protocolo se aplicará en caso de que se registren graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en una de las partes en situaciones de crisis institucional o durante la vigencia de estados de excepción previstos en los ordenamientos constitucionales respectivos. A tal efecto, las demás partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con la parte afectada”, resalta el artículo 3 de este conjunto de reglas relacionadas con los derechos humanos, cuya vigencia ya lleva 10 años y los miembros del Mercosur parecen haberlo olvidado.
Un dato significativo de este instrumento legal del bloque sudamericano es que establece, según la gravedad de la situación existente en el Estado miembro afectado, medidas que abarcarán desde la suspensión del derecho a participar de los distintos órganos del proceso de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes del mismo. Estas medidas se adoptan por consenso. Pese a las informaciones sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, este instrumento hasta ahora no fue invocado como una opción aplicable a la República Bolivariana.
A propósito del Mercosur, ayer comenzaron en la Conmebol las reuniones técnicas preparatorias de la Cumbre.
