Los imputados ahora son procesados por el delito de portación ilegal de armas (de hasta 5 años de pena), anteriormente el proceso era por el crimen de detentación (de hasta 10 años de pena), ambas figuras contempladas en el artículo 94 de la ley 4.036, que establece las normas y requisitos para la tenencia y la portación de armas de fuego, informó el periodista de Última Hora Marciano Candia.
La defensa solicitó el cambio de calificación y el Tribunal de Apelaciones modificó la carátula de la causa, reduciendo la expectativa de pena de los mismos.
Los imputados en un primer momento eran 8, pero uno de ellos ya recuperó su libertad anteriormente, ya que por las declaraciones de los demás imputados se confirmó que el mismo no se encontraba en el lugar de los hechos y que solamente fue llamado para auxiliar a las personas que se encontraban en el lugar. El hombre recibió su libertad hace aproximadamente dos meses, según lo manifestado por el juez.
“El Juzgado, con base en una revisión de medida cautelar solicitada por los abogados defensores, llevó a cabo una audiencia esta mañana, allí ellos plantearon como hecho nuevo la resolución por la cual el Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la calificación legal impulsada inicialmente por el Ministerio Público”, indicó el juez Édgar Ramírez.
Dijo que se ofrecieron garantías reales de inmuebles, por lo que el Juzgado creyó conveniente ordenar un embargo preventivo hasta alcanzar la suma de G. 100 millones cada uno.
Los hombres deben comparecer mensualmente ante el Juzgado, tienen prohibido salir del país y portar armas, no pueden consumir bebidas alcohólicas.
Los escoltas estaban recluidos en el penal de Pedro Juan Caballero debido a que ninguna institución del Estado quiso resguardarlos por temor a atentados.
Los mismos estaban en compañía del narcotraficante Jorge Rafaat en el momento en que este fue acribillado por sicarios. Los hombres se enfrentaron a tiros con los autores del crimen en el barrio San Gerardo de la ciudad de Pedro Juan Caballero en junio de este año.
La imputación fue presentada por los fiscales Camila Rojas, Samuel Valdez y Martín Areco, todos de Pedro Juan Caballero, quienes conforman el equipo presentado por el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, para investigar el caso.
Los imputados que han recibido su libertad en esta oportunidad son: Heladio Amarilla, Marcio Ariel Sánchez Giménez, Matsui Elei Rodríguez, Abel Ramón Palacios Jara, Robson Suárez, Roque Ortiz Brum y Wilfrido Coronel López.
