EFE
Paraguay no tiene una institución que controle los centros dedicados a rehabilitar a personas con consumo problemático de drogas, y ni siquiera el principal centro nacional cuenta con una habilitación para ello, admitió la directora adjunta de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), Nancy del Valle, durante la presentación del informe de la OEA.
Los relatores del MEM puntualizaron además que no existen medidas alternativas a la cárcel para los adictos, que en su mayoría son sometidos a prisión preventiva, sumándose así al 70% de la población penitenciaria de Paraguay que permanece reclusa sin condena, según datos del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.
El texto del MEM, un organismo que pertenece a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), dependiente de la OEA, valora que Paraguay tenga una autoridad específica para la lucha contra las drogas, como es la Senad.
También destacó que exista una estrategia antidrogas nacional definida, un Observatorio Paraguayo de Drogas (OPD) e información sobre las áreas de producción de estupefacientes.
Paraguay se ha convertido en una ruta de transformación y transporte de la coca boliviana en dirección a Brasil y Europa, según la Senad.
Además, el país sudamericano es el segundo mayor productor de marihuana de América, solo por detrás de México.
Según la Senad, cada año se producen unas 30.000 toneladas de esa droga, en su mayoría cerca de la frontera con Brasil, para después venderse sobre todo en ese país.
Los expertos del MEM, el peruano Martín Cubas y la panameña Sofía Kosmas, consideraron que en Paraguay faltan estudios estadísticos sobre la demanda de droga, así como programas para la reducción de la demanda y para la rehabilitación de adictos.
El análisis del MEM pone en evidencia la carencia de un mecanismo que controle a las autoridades que se dedican a la erradicación de cultivos de droga, y la ausencia de estudios sobre cómo el narcotráfico afecta al medio ambiente.
Así mismo, sugiere que se redacte un protocolo para el desmantelamiento de laboratorios ilegales de cocaína y para la disposición segura de la droga incautada.
Para este fin solicitó que se promulgue una ley de extinción de dominio, que actualmente se discute en el Senado paraguayo.
El proyecto a debate busca permitir que la Justicia incaute dinero, inmuebles y otras pertenencias que sean fruto del narcotráfico a cualquier persona que esté imputada por hechos relacionados con este negocio ilícito.
El texto, que aún no ha sido aprobado, prevé además que el dinero y bienes intervenidos sirvan para programas de rehabilitación de usuarios problemáticos de drogas.
