EFE
El juez Francisco Ortega dictó prisión preventiva contra ocho políticos y empresarios dominicanos, entre ellos, el ministro de Industria, Temístocles Montás; el presidente del principal partido de oposición, Andrés Bautista, y el empresario Ángel Rondón, señalado como la persona que recibió y entregó los sobornos.
Tras esta decisión, PC señaló este jueves en un comunicado, que aunque el expediente del Ministerio Público “presentó suficientes indicios” en contra de los imputados, “fue notorio la comisión de errores injustificables que aunque no afectaron la solicitud realizada ni las investigaciones por realizar, ayudan a desacreditar, no solo el caso más importante del país, sino la labor de los fiscales”.
No obstante, precisó, que el caso se encuentra en una etapa procesal “que permite subsanar cualquier error cometido, pues el Ministerio Público aún cuenta con un plazo de por lo menos ocho meses para completar la investigación y presentar acusación, cuidando de no cometer nuevos errores, e incluyendo a los responsables que aún no han sido identificados”.
Para PC, “fue notoria la exclusión de parientes de dos de los principales imputados, con hechos descritos que los vinculan a los hechos perseguidos”, pero que no identificó.
El movimiento recordó que Odebrecht logró la adjudicación en el país de 17 obras, pero “llama la atención” que el número de imputados vinculados a la contratación y aprobación en dos de estas, que representan el 5 % de la totalidad de la inversión implicada, sea similar a las otras 15, que representan el 95 %.
También criticó que la Procuraduría General de la República (PGR) no identificara al senador y al diputado que supuestamente recibieron sobornos para la obtención y aprobación del financiamiento en el Congreso Nacional (bicameral) de la termoeléctrica Punta Catalina, que construye un consorcio encabezado por Odebrecht.
Criticó, además, que los documentos recibidos de Brasil no presentan la lista de todos los sobornados, “y que fue objeto y justificación del pacto de impunidad suscrito y homologado con la Odebrecht, cuyo cumplimiento no ha exigido la Procuraduría”.
Mediante este acuerdo, Odebercht, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos, se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño.
“Las múltiples implicaciones del escándalo Odebrecht revelan el nivel de descomposición y corrupción del sistema partidista, el desbordado costo de la política y la inoperancia de los organismos de fiscalización y control” del país, consideró PC.
A la vez, consideró, que los líderes locales, incluyendo al presidente del país, Danilo Medina, y sus antecesores, “no pueden refugiarse en la demanda del respeto al debido proceso, que todos debemos preservar, y reconocer la gravedad del escándalo que ha generado tanta indignación en la sociedad, a la que están obligados a pedir excusas y proceder firme y decididamente a implementar reformas estructurales para conjurar la enorme corrupción y la impunidad que nos agobian.
Esto, concluyó, “debe comenzar de inmediato” con la aprobación de las leyes del régimen electoral y de partidos políticos “para reducir el desmesurado costo de la democracia nacional”.
