Una investigación tentacular sobre el sistema de corrupción de Petrobras en Brasil permitió echar luz sobre las prácticas de la mayor constructora de la región. Desatada en el 2014, la operación Lava Jato reveló que las empresas brasileñas de la construcción, en primera fila de las cuales se halla Odebrecht, habían montado un cartel para alterar los jugosos mercados de subcontratación del grupo petrolero Petrobras sobornando a dirigentes de todo el espectro político.
La justicia de una decena de países, desde México hasta Argentina, pasando por Perú, Panamá y Uruguay, solicitó informaciones a los fiscales brasileños para investigar localmente sobre los contratos del grupo. Durante más de una década, la empresa mantuvo este esquema de corrupción masiva, pagando alrededor de 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales de “3 continentes”. En Brasil se esperan nuevas revelaciones explosivas a la brevedad: Odebrecht acordó con la justicia brindar informaciones a cambio de una reducción de las penas para 77 ejecutivos de la firma, entre ellos, su ex presidente Marcelo Odebrecht, actualmente encarcelado. La investigación condujo al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) a suspender el pago de 3.600 millones de dólares para 16 proyectos en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala.
Los países más afectados son aquellos que recibieron más fondos del BNDES: en Venezuela (USD 3.100 millones) están comprometidos 6 grandes proyectos, entre ellos la ampliación del metro de Caracas. Venezuela fue el país, luego de Brasil, en el que más sobornos se pagaron: USD 98 millones. En República Dominicana, que recibió USD 2.500 millones del BNDES, están en juego obras de infraestructura vial y la construcción de una usina termoeléctrica. En Perú, donde Odebrecht admitió haber pagado USD 29 millones entre 2005 y 2014, el Gobierno le retiró a la empresa la concesión de la construcción de un gasoducto cotizado en USD 7.000 millones. afp
