La secretaria general adjunta de la OCDE, Mari Kiviniemi, explicó que la supresión de las acciones al portador (innominadas) dentro de las sociedades y la implementación de acciones que sean exclusivamente nominativas, permitirán conocer quiénes son los verdaderos dueños de las empresas, lo que también ayudará a prevenir el lavado.
“De acuerdo con las recomendaciones que da la OCDE, es importante saber quién es el beneficiario de las acciones, el dueño de la empresa, para conseguir la mayor transparencia posible. Esto también ayudaría a mejorar la cuestión impositiva y que haya igualdad entre todos”, expresó la ex primera ministra de Finlandia.
El jueves pasado, tras un intenso debate, el Senado modificó el proyecto de ley que elimina las sociedades anónimas. Los legisladores decidieron que toda sociedad constituida por acciones pueda optar por canjear sus acciones al portador a acciones nominativas, punto que según la versión original de Diputados era una obligación.
Esto fue muy criticado por autoridades del BCP, quienes recordaron justamente la recomendación de organismos internacionales para la lucha contra el lavado de dinero.
Corrupción. La secretaria general adjunta de la OCDE también habló sobre el apoyo que dará esta organización a nuestro país para acabar con la corrupción.
Señaló que este organismo viene trabajando con sus países miembros en políticas anticorrupción, en busca de fortalecer la integridad pública, de modo que estas estrategias puedan ser imitadas para lograr un mejor desempeño económico.
Indicó que las evidencias demuestran que los países con menores índices de corrupción son los que presentan un crecimiento más sostenido del producto interno bruto y mayor inclusión social. Además, resaltó que esto hace que se tenga mayor confianza en el país, lo que a su vez puede impactar positivamente en una nueva emisión de bonos en el mercado internacional.
Finalmente, Mari Kiviniemi anunció oficialmente la realización de los estudios Multidimensional País y Gobernanza Pública. Estos análisis, con las recomendaciones finales sobre los desafíos y estrategias para mejorar las políticas públicas, estarían listos en un año.
