Édgar Medina y Noelia Duarte
PRESIDENTE FRANCO
Una nueva movilización de la ciudadanía organizada por el grupo Asociación Movimiento Teko Porã Rekávo (Amoter) se realizó ayer frente a la sede de la Fiscalía de Presidente Franco, para que avancen las investigaciones contra las ex autoridades municipales, por varios hechos punibles, denunciados a inicios del presente año.
Los principales sospechados son los ex intendentes Alcides Fernández y Abraham Alegre, quienes habrían dilapidado fondos públicos por valores millonarios. Solamente los fondos del Fonacide fueron despilfarrados por un monto de G. 2.000 millones, de acuerdo con una auditoría externa encomendada por Roque Godoy, actual jefe comunal, a poco de asumir el cargo.
El informe técnico reveló obras fantasmas, sobrefacturaciones, falsificación de documentos y otros que merecieron el rechazo de la rendición de cuentas del año pasado. Pese a todo, la Fiscalía no imputó a nadie y la causa está a la espera de informes técnicos, cuya presentación también se pospone. “La ciudadanía está inquieta, nosotros denunciamos estas irregularidades en febrero, no solo a la Fiscalía, también a Contraloría, a Contrataciones Públicas y otros estamentos, pero no hay avances. No queremos el oparei, esta es la segunda manifestación que hacemos los franqueños”, dijo Godoy.
Comentó que los recursos del Fonacide fueron dilapidados y hasta el momento hay una decena de escuelas que no pueden ser utilizadas porque no tienen seguridad. Lo mismo se dio con fondos de royalties.
INVESTIGACIÓN FISCAL Hasta la semana pasada, Édgar Benítez era el responsable de indagar en la causa donde se busca determinar a los responsables de los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y otros. Con los cambios dispuestos por el fiscal general del Estado, ahora el responsable de la carpeta es Hugo Vázquez. A mediados de año, peritos del Ministerio Público recorrieron las obras realizadas durante las gestiones de Fernández y Alegre en la Municipalidad. También se espera el informe de los técnicos contables para definir la imputación en la causa, según datos de la Fiscalía.
