El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuyo titular es Ramón Jiménez Gaona, y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), presidida por Luis Aguirre, presentaron ayer en el Tribunal de Cuentas una acción de nulidad contra el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que recomendó cancelar la cuestionada licitación para la modernización del Aeropuerto Silvio Pettirossi.
Con la acción buscan, una vez más, desacreditar la auditoría que realizó el ente contralor a todo el proceso, con la cual se detectaron varias irregularidades. Es decir que, a toda costa, pretenden adjudicar la terminal aérea por 30 años al consorcio liderado por la española Sacyr.
La acción se presentó ante la segunda sala del tribunal, integrada por Gregorio Ramón Rolando Ojeda (presidente), Arsenio Coronel Benítez (vicepresidente) y María Celeste Jara Talavera (vocal). Los magistrados deben definir ahora el destino de la cuestionada APP.
Esta última medida del MOPC y Dinac da credibilidad a denuncias de los sindicatos, que advirtieron que el propio Horacio Cartes está presionando para salvar “como sea” la licitación en cuestión. Es más, hace días el MOPC solicitó a la Organización Internacional de Aviación (OACI) que dé su postura respecto a la auditoría de la Contraloría, también con intenciones forzar la adjudicación. Este pedido se hizo vía nota, según Jiménez Gaona.
“La acción judicial es a los efectos de que el Tribunal de Cuentas determine el alcance de la competencia que tiene la Contraloría para emitir el dictamen que traba la modernización del aeropuerto internacional, que se encuentra entre los más obsoletos de la región y el mundo”, expresó el MOPC en un comunicado.
Resaltó que ambas instituciones consideran “que hubo una clara extralimitación de funciones de parte del organismo contralor en cuanto a sus competencias que están delimitadas en la Constitución Nacional y su Ley Orgánica N° 276/94".
Además, el MOPC y la Dinac ratificaron “la regularidad y la transparencia con que se llevó adelante el proceso de licitación por parte de ambas instituciones, la Secretaría Técnica de Planificación (STP), el Ministerio de Hacienda (MH) y la Procuraduría”.
Asimismo, resaltaron que la acción “se funda exclusivamente en la violación al principio de legalidad en que incurrió la Contraloría al extralimitarse en sus competencias legales, al emitir recomendaciones sobre aspectos de alta especialidad técnica, arribando a conclusiones que exceden su competencia y recomendando hasta asuntos de ingeniería”. “El margen de actuación de la Contraloría debe enmarcarse estrictamente en “las actividades económicas y financieras del Estado”, insistieron.
Aseveraron que “los dictámenes emitidos por la CGR en contra de las disposiciones legales que rigen sus funciones y atribuciones, han provocado una lesión a la seguridad jurídica de una herramienta de desarrollo como la Ley APP”.
ÚH intentó acceder a la copia de la acción judicial, pero no facilitaron. Además se intentó tener la versión del contralor sobre el tema, pero no respondió las llamadas y mensajes.
