Con total sigilo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó la semana pasada la cuestionada licitación para la fiscalización de la duplicación de las rutas 2 y 7, proyecto que se adjudicó hace casi un año, vía alianza público-privada (APP), al consorcio liderado por la española Sacyr.
A través de la Resolución 1399, con fecha 6 de setiembre, el titular de la cartera, Ramón Jiménez Gaona, otorgó la fiscalización de la primera APP al Consorcio C&D y ELC (Argentina y Paraguay) por USD 8,5 millones. El grupo ocupó el tercer lugar entre los que calificaron en la evaluación técnica.
La adjudicación se dio en medio de una lluvia de protestas contra el proceso ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que está investigando el mismo, incluso pidiendo informes a Brasil. Por eso, llama la atención que el MOPC haya adjudicado la licitación sin que finalice el proceso investigativo.
Asimismo, el Consorcio Vial Este, integrado por la Consultora Guaraní y GMI –uno de los seis oferentes que fueron eliminados del proceso–, adelantó que impugnará la adjudicación, según adelantó ayer Benjamín Pérez, abogado del grupo.
Pérez resaltó que en el proceso existieron varios vicios, por lo que amerita anular la licitación. Según explicó, el MOPC modificó sustancialmente el pliego de la convocatoria a través de una nota aclaratoria, cuando lo debía hacer por medio de una adenda. El abogado resaltó además que existieron “errores groseros” en las sumas de las planillas de evaluación, en donde claramente se beneficiaba a algunos y se perjudicaba a otros consorcios.
Vale señalar que la convocatoria se lanzó en enero del 2016 y la apertura de las ofertas se realizó el 14 de julio del mismo año, cuando se presentaron nueve oferentes. Sin embargo, solo tres siguieron en carrera después de la evaluación técnica.
Otros cuestionamientos. Actualmente, Contrataciones se encuentra investigando al Consorcio Typsa-Caem, que ocupa el segundo lugar entre las tres seleccionadas por Obras Públicas. Según denuncias presentadas ante la DNCP, la empresa Typsa –también española–, integrante del consorcio en cuestión, fue contratada por el consorcio liderado por Sacyr para la elaboración del diseño final de la APP de rutas 2 y 7, por lo que no puede participar del llamado para la fiscalización.
También está en falta otro integrante de los seleccionados por MOPC, en este caso el Consorcio Concremat (Brasil), que presentó la oferta más barata y tiene la mejor calificación técnica. Según una denuncia presentada a la DNCP, esta firma presentó como experiencia un contrato que nunca tuvo en Brasil; es decir, habría mentido, pero su oferta fue igualmente validada.
La obra ya debía arrancar en el mes de junio con el recapado del tramo desde San Lorenzo-Ypacaraí, conocido como tramo 0. Ahora no se sabe cuándo se iniciarán los trabajos por la impugnación que tendrá el proceso, según adelantaron.
