La Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC), compuesta por militares y efectivos policiales, está operando en los departamentos del norte del país desde octubre del año 2003. Fue una de las primeras medidas adoptadas por el presidente de la República, Horacio Cartes.
Al asumir el cargo solicitó al Congreso Nacional la modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que fue sancionada en tiempo récord.
El documento otorgaba prerrogativas al mandatario para disponer del Ejército en conflictos internos sin la necesidad de declarar un estado de excepción, que debe ser aprobado por ambas Cámaras legislativas.
Para el ministro del Interior, Francisco de Vargas, la presencia de esta fuerza de seguridad es de fundamental importancia en la zona para contener el accionar de los grupos criminales.
“A pesar de que actualmente hay una relativa calma, esto no nos hace bajar la guardia; se fortaleció mucho el manejo de información y la presencia de la Fuerza de Tareas Conjuntas es fundamental”, expresó a la 780 AM.
También resaltó que en los últimos dos años y medio, se logró más de 75 bajas, entre detenidos o muertos, de los grupos subversivos. Además, se produjo la detención de unos 25 miembros logísticos en los últimos 6 meses.
“Por eso hay que poner atención sobre estos llamados que se hacen para la desmilitarización en la zona, que para mí es muy llamativo”, indicó De Vargas.
No obstante, la presencia de los militares en el norte del país no es del todo aceptada porque existen sectores que reclaman los abusos cometidos por el Ejército. A principios de abril, los obispos de la región emitieron un comunicado en el que expresaban su preocupación por los atropellos de la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) a las comunidades campesinas.
Los religiosos señalaron que los soldados irrespetan derechos humanos básicos y las garantías constitucionales de un Estado de Derecho. El Frente Guasu también es otro sector que siempre estuvo en contra de la modificación de la ley de Seguridad Interna.
Para De Vargas, la problemática de los grupos criminales no solo se limita a las personas escondidas en los bosques, sino también está el brazo político del sector.
Señaló que tienen el reconocimiento de las personas afectadas por estos delincuentes en los departamentos mencionados, teniendo en cuenta que muchos estafadores también se hacen pasar por miembros de grupos armados para extorsionar a sus víctimas. Muchos de ellos fueron sacados de circulación, precisó el ministro del Interior.
SECUESTROS. A pesar de la presencia de los militares en la zona, en el Gobierno de Horacio Cartes se registraron tres secuestros atribuidos al Ejército del Pueblo Paraguayo. Las víctimas fueron el joven Arlan Fick, el policía Edelio Morínigo y el colono menonita Abraham Fehr.
El primero de ellos fue liberado en la Navidad del 2014, tras estar en cautiverio 267 días. Los otros dos siguen en manos de los miembros del EPP. El uniformado lleva 662 días secuestrados y Ferh 263 días.
La única información sobre estas dos últimas personas es que seguirían con vida, de acuerdo a datos de inteligencia.
COSTO. La FTC genera un costo mensual de entre G 3.500 a 3.700 millones en la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y otros grupos armados en la zona norte del país, según precisó una fuente del organismo de seguridad. La Cámara de Senadores había solicitado un informe al respecto en agosto del año pasado.
De esa forma, se tendría un promedio diario en gastos de G. 123 millones, en tanto que el máximo alcanzado por día fue de G. 135 millones. Además, se estiman unos G. 150.000 por cada integrante de la fuerza de seguridad.
