La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) denunció en el 2014 ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción el mayor caso de megalavado del país. Dicha institución mencionó en su escrito que había recibido 253 operaciones sospechosas por entidades bancarias.
Sin embargo, pese a que hace cuatro años se investiga el caso, a la fecha no hay imputados.
Primeramente había sido designada la fiscal Silvia Cabrera, quien supuestamente cajoneó el expediente, por lo que estuvo al borde de la prescripción.
Posteriormente, la representante fiscal fue trasladada a la sede 1 del Ministerio Público y en su lugar fue reasignada la fiscal Claudia Morys, quien al percatarse que podía prescribir la causa realizó múltiples allanamientos en las empresas de fachada en Ciudad del Este y Asunción y, de esta manera, se interrumpieron los plazos.
Específicamente, una comitiva fiscal con más de treinta funcionarios realizaron más de veinte procedimientos simultáneos durante dos días en firmas que serían de maletín y se incautaron de documentos, equipos informáticos y facturaciones.
Dichas empresas tuvieron movimientos bancarios consistentes en transferencias al exterior por un monto aproximado de USD 1.200.000.000, según había comentado el fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza, (hoy trasladado a Misiones por Alejo Vera).
Estas entidades son el Banco Amambay (propiedad de Horacio Cartes), BBVA, Banco Atlas, Sudameris Bank y Cambios Yrendague.
Por otra parte, entre los mayores investigados aparecen Ricardo Galeano, y Walid Amine Sweid, quienes están sindicados por los intervinientes como supuestos cerebros de toda la estructura logística.
Este último aparece en una foto con los diputados Hugo Velázquez, Atilio Penayo y Julio Javier Ríos. Así también, está en la fotografía el abogado y ex superintendente de fiscales de Ciudad del Este, Juan Carlos Duarte Martínez, además del ex embajador en el Líbano, Hassan Khalil Dia, cuando realizaron una visita oficial al país de Oriente Medio (ver imagen).
Los investigados recusaron a toda la unidad Anticorrupción en el 2016, por lo que la carpeta fiscal fue a parar a la sede 1 a cargo de los fiscales José Morínigo y Daniela Benítez. Hace dos años que ambos deben investigar la causa, que se encuentra paralizada.
