Primero, se declararon desiertos 10 de los 14 lotes convocados ante descalificaciones de empresas constructoras de gran envergadura. Luego, publicaciones periodísticas dieron a conocer anomalías en las adjudicaciones de dos de los cuatro lotes adjudicados. En el lote Nº 13 se adjudicaron trabajos al Consorcio Itacuá, cuyo principal socio es Distribuidora Fénix SA, una firma dedicada al rubro de alimentos, que recién desde julio tributa en el rubro de la construcción, de acuerdo con la SET. Justo se inscribió en el área cuando se inició el llamado público del Ministerio. El valor adjudicado a esta compañía y ahora anulado era de más de G. 36.400 millones.
El segundo caso es el de todo un lote para el Consorcio Rivas SA, de Jorge Rivas, que tenía un proceso judicial encima por no cumplir como proveedor estatal. La sentencia se confirmó el pasado 20 de setiembre y la firma está inhabilitada para licitaciones hasta marzo del próximo año.
MÁS CONTROL. Una segunda carta envió el sector privado que forma parte del Consejo del Fonacide, donde exige al MEC la presencia de observadores externos, tanto en el proceso de la elaboración de las condiciones del llamado como en el trámite de evaluación. La anulación de la adjudicación se dio además luego de que el consejo, que tiene entre sus potestades la posibilidad de cambiar la entidad que desarrolle el programa con fondos, solicite la cancelación total de la licitación pública.
Exigen también una precalificación que permita garantizar que las empresas que se presenten sean realmente del sector de la construcción.
