En su intento de aumentar las recaudaciones, el entonces ministro de Hacienda Santiago Peña propuso la implementación del 10% de IVA a los intereses de los préstamos de las cooperativas.
A pesar de las protestas, en que además se unieron los campesinos que pedían la condonación de sus deudas, convirtiéndose así en la movilización más grande del 2016, la ley quedó vigente.
Al cumplirse poco más de un año de aquellas manifestaciones, Mario Abdo Benítez reaviva el debate y en un encuentro político hizo un guiño a los cooperativistas.
“Yo me comprometo con ustedes desde acá, en un mes o antes vamos a presentar una ley de derogación de IVA que se ha puesto a los actos cooperativos”, expresó durante un encuentro realizado en la Seccional Nº 5.
Argumentó que esta ley afecta a la gente más necesitada que no tiene cobertura en las entidades bancarias y recurren a las cooperativas, que cumplen un rol social con las ventajas que ofrecen para las personas menos pudientes.
“Las cooperativas son los bancos de la gente más humilde y como este Gobierno no tiene una lógica humanista, le castiga de vuelta a los más humildes, y esto vamos a rectificar en un mes o antes, mi querido Julio (López)”, refirió al candidato para diputado por el movimiento Añetete, que también es cooperativista.
El encuentro se realizó en la noche del miércoles en el barrio Jara, donde lo acompañó Hugo Velázquez, quien pasó a la disidencia para convertirse en precandidato a vicepresidente de la República.
En comunicación con ÚLTIMAHORA.COM, agregó que simultáneamente se presentará una propuesta para el fortalecimiento del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop). De esta manera se busca también un mejor control de las actividades de estas asociaciones, pues admite que algunas también funcionan en forma irregular.
Explicó que Incoop tiene una estructura débil en cuanto a capacidad técnica y en recursos humanos, debido en gran medida a su bajo presupuesto.
El senador disidente confía en que puede reunir los votos para la aprobación de ambos proyectos.
A mediados del 2016, los cooperativistas tuvieron que ceder ante el Gobierno de Cartes y tras la prórroga de su implementación finalmente comenzaron a cobrar impuestos a los intereses de los préstamos que realizan los socios.
El proyecto de ley había quedado sancionado mediante una mayoría de oficialistas en la Cámara de Diputados. Si bien el Senado había rechazado las modificaciones acerca del impuesto y la implementación del sistema D’Hondt, los diputados se ratificaron y pusieron en las manos del mandatario el documento.
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Santiago Peña, ministro de Hacienda de entonces y actual rival político de Benítez, había estimado una recaudación mensual de USD 5 millones con estas modificaciones. La medida afecta a las cooperativas de ahorro y crédito, que son 460 de las 1.143 asociaciones de este tipo que funcionan en el país.
