“Lejos de darle un ‘cierre al caso’, según expresiones de Cartes, abre una profunda herida, despierta una indignación social y vicia gravemente el proceso penal con la presión abierta ejercida por dos poderes del Estado sobre los jueces del caso”, manifestaron los afectados en un comunicado emitido a la opinión pública.
Los procesados por la masacre de Curuguaty, los familiares, las víctimas, organizaciones solidarias y abogados del caso consideraron que esta acción “configura una condena política anticipada a los procesados” por el caso y “revictimiza a los afectados de la masacre” ocurrida el 15 de junio del 2012, donde fallecieron 11 campesinos y 6 agentes policiales.
Asimismo repudiaron que el presidente Horacio Cartes promulgara (al no vetar, entra automáticamente en vigencia), la Ley 5.530 que acepta la donación de la empresa, perteneciente a la familia Riquelme, de 1.500 hectáreas de Marina Cué.
Desde un primer momento, los campesinos, así como también el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), afirmaron que las tierras son del Estado.
Para los afectados constituye un atropello a facultades de otro poder del Estado. “Solo el Poder Judicial puede reconocer e inscribir un título de propiedad”, resaltó el documento.
También denunciaron que la presión ejercida por los poderes Legislativo y Ejecutivo sobre los jueces del caso se tradujo en sanciones arbitrarias a uno de los abogados. Para ellos representa una grave amenaza a todos los abogados defensores y al ejercicio de los derechos inviolables de la defensa en juicio.
