Luego de casi dos años del suceso, Gattini habló por primera vez y aseguró que nunca fue llamado por la Fiscalía, desde la presentación de la denuncia por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito hasta la publicación del informe final de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la institución, donde se confirma una serie de irregularidades durante su gestión.
Manifestó en contacto con Telefuturo que lo ocurrido no trascendió debido a que no se tienen indicios y no pasa de ser pura especulación. Agregó que “la mayor sorpresa de haber sido ministro fue cómo la prensa se presta al manejo irresponsable de la información”.
El ex ministro indicó, en su defensa, que, de los USD 50 millones, un total de USD 33,7 millones fue transferido al Crédito Agrícola y solo la suma de USD 1,3 millones fue desembolsada durante su período, dejando USD 15 millones a cargo del actual ministro, Juan Carlos Baruja.
En la ocasión, aseguró que los que se encuentran detrás de esto son políticos o personas que quieren entrar a la política y consideró que esto forma parte del “coste político por ser ministro”.
Al ser consultado sobre las razones de su destitución, señaló desconocer los motivos que llevaron al presidente Horacio Cartes a tomar esa decisión. “No me dio explicaciones y tampoco pedí una”, sentenció.
Gattini concluyó diciendo que no fracasó como ministro y que se encuentra orgulloso de su manejo “transparente” de los fondos, además del logro de haber introducido innovación tecnológica en el sector.
ANTECEDENTES
La Coordinadora de Abogados había presentado en octubre del 2015 una denuncia contra el ex ministro de Agricultura Jorge Gattini por un supuesto perjuicio al Estado por USD 50 millones. La denuncia se basó en un informe de Contraloría que detectó supuestas irregularidades en el desembolso de dinero para organizaciones no gubernamentales durante agosto a diciembre de 2013.
Por otro lado, en noviembre de 2016, la Contraloría General de la República constató que no se realizaron las asistencias técnicas a los beneficiarios del Pagro, por G. 380.000.000, entre otras series de irregularidades.
