El derecho a la huelga para trabajadores de los sectores público y privado está garantizado por la Constitución y las leyes que rigen la materia.
El artículo 98 de la Carta Magna señala que “todos los trabajadores de los sectores público y privado tienen el derecho de recurrir a la huelga en caso de conflicto de intereses”.
El artículo 73, en tanto, sostiene que “toda persona tiene derecho a la educación integral”.
Ante estos dos derechos vigentes, es indiscutible que los educadores, con su medida de fuerza, están apelando a un recurso legítimo. Lo censurable, sin embargo, es la violación del principio que garantiza la educación universal.
Es evidente que un sector de los educadores —el de la FEP—, haciendo uso de su derecho, ha venido conculcando el otro derecho ciudadano.
Ante esta situación de dos derechos confrontados, ¿cuál es el principio que debió haber prevalecido?
El del interés general por encima del particular.
Es obvio que los maestros, con su huelga, pretenden alcanzar reivindicaciones que solo afectarán su condición de vida. Lo hacen, sin embargo, perjudicando el bien general, que es la educación de todas las personas en edad de estudiar y, por extensión, la posibilidad de que a través de la educación mejore la situación global del país.
Se supone que los docentes en el aula enseñan valores éticos, entre ellos el respeto al derecho de los demás. Con su actitud, sin embargo, están mostrando a quienes acuden a escuelas y colegios, y que han quedado sin clases durante casi dos meses, que no practican lo que pregonan en el aula. El resultado de esa incongruencia es grave para su rol de educadores, porque supone una devaluación de su credibilidad ante sus alumnos.
Otro rasgo del perfil de un educador es la sensibilidad ante los problemas de los que acuden todos los días con el deseo de aprender y avanzar en la vida. Es obvio que la mayoría de los que concurren a instituciones públicas están en situación de pobreza, si no de pobreza extrema.
Los que han abandonado a sus alumnos y han dejado latente la amenaza de seguir haciéndolo, han demostrado, contrariamente, insensibilidad hacia el eslabón social más frágil del país.
Tampoco han tenido sensibilidad para reconocer la angustiosa situación económica en la que se encuentran las arcas del país. Esto, sin considerar el poco tino estratégico que han tenido al plantear el incremento del porcentaje de jubilación sin aportar más, en un momento tan negro para las finanzas públicas. Una sabia conducción precautela el sentido de la oportunidad.
Ante estas realidades, es necesario que el próximo lunes la FED recapacite sobre lo actuado y, sin dejar de lado su aspiración de mejores condiciones de vida, considere que la prioridad de hoy es defender el derecho de niños y jóvenes a recibir una educación que les permita abandonar la pobreza.
