Además de las descripciones que el propio presidente de la República, Horacio Cartes, utiliza para invitar a los inversores extranjeros a venir al Paraguay, presentándolo como un “país fácil, como esa mujer bonita”, y al que el mandatario convoca a “usar y abusar”, qué triste resulta enterarse de que un grupo de empresarios uruguayos se ven seducidos por la “tierra guaraní” porque aquí “el desarrollo de normas laborales, de normas de seguridad social y libertad sindical es muy bajo”.
En otras palabras, quieren venir a invertir en el Paraguay porque aquí los trabajadores están desprotegidos; se desalienta que se organicen y encima es mínima la cobertura social para acceder a los servicios de salud y tener derecho a una jubilación y otros beneficios.
Dicho de otro modo, hay mano de obra barata y reducida exigencia para quienes la emplean.
Qué mal habla de estos empresarios el que les interese venir a aprovecharse de esta situación de injusticia social para obtener mejor lucro.
Con la actitud que exponen no existe la más mínima esperanza de que la presencia de los capitalistas foráneos vaya a servir para elevar los estándares en el ámbito de los derechos laborales, ni que contribuirán a mejorar la calidad de vida de los trabajadores que contraten.
Generar puestos de laborales es una gran acción, pero no sobre la base de contratos basura, que son los que no contemplan ninguna obligación para la patronal, ni prácticas de responsabilidad social. En un país donde la fiscalización laboral es apenas simbólica, esto se da con suma facilidad. Los aspectos que resultan atractivos a los empresarios uruguayos y seguro que a los de otras nacionalidades, son signos del fracaso de varias administraciones de Gobierno del país.
Hablan de décadas de atrasos que arrastra el Paraguay para incorporar y poner en vigencia plena los derechos humanos que requieren ser abordados con un enfoque integral, y no se reducen a la libertad de expresión y de reunión, como denotan entender algunas autoridades.
Que los empresarios extranjeros quieran venir a radicarse al Paraguay por las razones expuestas debería producirnos vergüenza. Si realmente hubiera un dejo de patriotismo en quienes administran el Estado, el tema tendría que estar siendo discutido en el Congreso, en el Gabinete de Ministros, en la Corte Suprema de Justicia.
Que apenas tengamos garantizados los derechos humanos de primera generación revela una gran incompetencia que prevalece hace 27 años.