Ha pasado poco más de un mes de la muerte de ocho militares en una emboscada cuidadosamente planeada en el asentamiento Arroyito. ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno ante el atentado más sanguinario de la corta historia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)? Prácticamente ninguna. No hubo ni cambios en los puestos claves de la Fuerza de Tarea Conjunta o los organismos de seguridad, ni variaciones a la estrategia de la llamada “pacificación” del Norte que desde su implementación solo trajo más desgracias a Concepción y San Pedro.
Hace unos días algunos parientes de aquellos militares ejecutados en Arroyito reclamaron acciones firmes de las autoridades y advirtieron que todo apunta a que el atentado quedará impune, como la mayoría de los cometidos en el Norte. A más de un mes nadie explicó por qué los militares recorrían completamente desprotegidos el corazón del área de influencia del EPP, ni siquiera el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta pudo dar una respuesta mínimamente lógica al ser consultado al respecto días después de la emboscada.
También merecen respuestas –hay que repetirlo hasta el cansancio– los cinco mil vecinos del asentamiento de Arroyito. Desde hace décadas ellos preguntan por qué el Estado los ignora abiertamente, por qué son criminalizados incluso cuando exigen justicia por el homicidio de militares y policías y por qué el Gobierno solo les envía fusiles y militares y no caminos decentes, más puestos de salud pública y educación de calidad. A más de un mes de aquel atentado, los pobladores también deben continuar sus vidas entre el acoso permanente del EPP y los abusos de la FTC, entre la espada y la pared.
Decir que somos un pueblo con una corta memoria no es nuevo. Nuestras grandes tragedias nos afligen, nos agobian y las lloramos debidamente. Llamamos héroes a los caídos y les otorgamos un destacado lugar en la historia. Se anuncian rápidas acciones, prontas soluciones y furibundas investigaciones a los responsables de nuestro luto.
Al final, todo se diluye en el raudal de la impunidad y casi siempre los únicos que siguen sublevados, inconformes y en la más profunda desesperanza son los familiares de aquellas flamantes figuras patrias. Ahí están, esperando que se haga justicia por los asesinados del Marzo Paraguayo, por los 400 muertos del Ycuá Bolaños, por los 147 niños y jóvenes soldados fallecidos bajo el manto de tortura y muerte del Servicio Militar Obligatorio, por todos los periodistas silenciados por la mafia y por los ocho militares asesinados a sangre fría hace apenas un mes.
