El juez de Garantías Rubén Riquelme fue quien comunicó a la Cámara Baja la causa que se formó contra el legislador. Sin embargo, los mismos se escudaron en el pedido de apelación que presentó la defensa de Rivas y que aún no tuvo respuesta del juzgado.
Según el titular de la Comisión, Ramón Romero Roa, el oficio remitido por el Juzgado hizo que no haya aún una decisión al respecto.
“La interpretación que tenemos es que el oficio que nos remitieron en su momento para poder hacer el desafuero está suspendido temporalmente hasta que se resuelva la apelación (...) Lo sorpresivo es la remisión de este oficio de parte del juzgado; nunca se ha dado. El colega Rivas no fue convocado aún a la comisión. Estábamos con la idea de proceder al desafuero, pero el oficio hace que suspendamos la decisión”, sostuvo el legislador.
El fiscal Luis Piñánez fue el que solicitó el desafuero del diputado a la Cámara Baja para que se pueda seguir con el proceso.
En la investigación se comprobó con elementos que los empleados particulares del diputado Rivas nunca asistieron al edificio del Congreso, pese a que sus supuestas firmas figuraban en la planilla de asistencia.
Sin embargo, y pese a todos estos antecedentes, los diputados se lavaron las manos.
“Resolvimos remitir una nota al magistrado que lleva la causa porque ayer recibimos un oficio en donde nos comunicaba que había una apelación referente al oficio que solicitaba el desafuero, por lo tanto, no podemos tratar hasta tanto el juzgado defina cuál es la posición (del diputado Rivas)”, añadió.
causa. El juez de Garantías, Rubén Riquelme, fue quien comunicó a la Cámara Baja el pasado 22 de mayo la causa que se formó contra el legislador, por los delitos de cobro indebido de honorarios y otros hechos, a raíz de una investigación periodística de Última Hora donde se denunciaba este presunto hecho de estafa.
El magistrado debe aguardar a que el pleno de la Cámara de Diputados estudie el pedido de desafuero, y en caso de que fuera despojado de ello, recién ahí Riquelme podrá procesarlo y convocarlo a audiencia de imposición de medidas.
Están procesados Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González, por los supuestos delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Franco habría estado trabajando en un local comercial del legislador en Ybycuí; Romero era casero en la estancia de Rivas, y Chaparro se encargaba de cuidar la vivienda del legislador.
Los funcionarios cobraban entre 2 y 3 millones de guaraníes mensuales, que eran percibidos en forma indebida al no cumplir con las labores para las que fueron contratados.
Los miembros de la Comisión no hablaron aún con su colega. “Rivas aún no fue llamado por esta comisión”, refirió.