Cuando la Constitución Nacional establecía la creación de la Justicia Electoral, con el organismo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), quizás muchos políticos y demás cómplices de la politiquería criolla ya tenían clara la película de que a la larga sería el “paraíso” del festín y derroche con el dinero ajeno. Todo está diseñado para el efecto, con base en una lógica sencilla: el control de ida y vuelta está en manos de los partidos políticos y de sus miembros en el Parlamento; unos a otros se protegen y benefician en nombre de la democracia.
Es así que los políticos –y politiqueros– instalados en el Congreso, cuyas organizaciones tienen cupos y otros beneficios en el TSJE, irónicamente son los encargados de designar el presupuesto para la institución; es decir, cuanto más fondos le otorgan al Tribunal, y con el menor control posible, aumentan las posibilidades de estos de obtener mayores beneficios.
Al mismo tiempo, son los mismos legisladores –miembros de partidos políticos–, los que deben impulsar el juicio político a los ministros de la Justicia Electoral, algo que ya debería estar en marcha, después de tantas evidencias de corrupción, de manejos irregulares e ilegales. Los casos son innumerables, como que se gastan más de G. 1.000 millones al mes para mantener a cerca de 350 funcionarios, en su mayoría operadores que hacen oficina justamente en sedes partidarias o en el Parlamento, donde están exentos de marcar asistencia; todo ello sin mencionar el derroche con viáticos, viajes de placer y contratos familiares por doquier. Con este sistema corrupto se benefician especialmente la ANR y PLRA, así como Unace, PPS y el PEN, y otros.
En un país medianamente serio, con manejo institucional y parlamentarios honestos, todos los ministros del Tribunal Superior ya estarían procesados, o, por lo menos, suspendidos en sus funciones. Pero no, aquí todo sigue igual, aunque diariamente se presenten pruebas, porque los políticos y partidos se benefician con el sistema podrido.
En tanto, la Coordinadora de Abogados del Paraguay presentó una denuncia penal contra los responsables del TSJE, proceso que posiblemente termine en el oparei, como ya ocurre con la imputación de Alberto Ramírez Zambonini.
El Tribunal Superior necesita una figura externa, que sea contralora –quizás un representante de la sociedad civil u otra figura–, que permita equilibrar la balanza, ahora volcada hacia los partidos políticos, convertidos en jueces y parte. Urge modificar una ley al respecto, aunque sea por presión ciudadana; de lo contrario, este vergonzoso carnaval, solventado con el dinero de la gente honesta que paga sus impuestos, no tendrá fin. Una descarada burla que debe acabar.
