Varios son los políticos liberales que buscan retener sus fueros candidatándose nuevamente para las elecciones generales del próximo 22 de abril.
Procesos por estafa y por lesión de confianza desde la función pública abundan y salpican a los políticos liberales, muchos de los cuales no enfrentan a la Justicia valiéndose de chicanas. Abogados, fiscales y jueces dilatan los procesos y, al ritmo que van, llegarán a obtener nuevamente fueros antes que se tomen medidas en sus respectivos casos.
Tanto efrainistas como llanistas dentro del PLRA tienen rosarios de antecedentes. Siete actuales candidatos forman parte de esta nómina que presentan los liberales, quienes llamativamente dicen buscar el cambio en el país.
Salyn Buzarquis, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones durante su paso por el gobierno de Federico Franco, tiene un proceso por USD 600.000 y otro por presentar certificado de salud falso ante la Justicia, cuando fue a visitar a jóvenes liberales exiliados en el Uruguay.
Por su parte, el actual diputado Pedro Milciades Duré cuenta con una imputación por la compra de tierras de la empresa San Agustín y el perjuicio de 62.000 millones de guaraníes al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
El senador llanista Enzo Cardozo se encuentra imputado por el delito de lesión de confianza y cuyo perjuicio al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ronda la suma de 68.000 millones de guaraníes. También tiene abierto otro proceso por 3.000 millones de guaraníes.
Por su lado, el diputado suplente Fernando Nicora está imputado por estafa por arrendamiento de la Dirección Nacional de Puertos, por valor de 660 millones de guaraníes. En otro caso se acusa a Nicora de haber contratado a 262 funcionarios planilleros.
El parlasuriano Alberto Aquino es acusado por presunta estafa cuando era funcionario del Ministerio de Agricultura en el fondo para frutihortícolas, y por último, su correligionario efrainista, el diputado Carlos Portillo, fue imputado por la Fiscalía por tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal.
Es por el caso del audio donde se escucha a Portillo traficando influencia.
Debilidad de Tribunal de Conducta
Hasta el momento la única determinación que adoptó el Tribunal de Conducta del PLRA respecto al caso Carlos Portillo es recibir la nota del abogado Pedro Candia, fiscal partidario, quien solicitó la expulsión del legislador por su falta de conducta ética. En todos los otros casos que afectan a diputados, senadores y parlasurianos el Tribunal de Conducta tuvo una actitud dubitativa y la mayoría de las veces prefirió un pronunciamiento del directorio partidario.
La nota de acusación contra el diputado Portillo fue presentada al tribunal partidario en base a los audios difundidos ampliamente por los medios de prensa y en los que se evidencia la intromisión en casos judiciales. El fiscal partidario dijo que un diputado no puede ejercer una función más allá de lo que le compete y menos tratar de obtener beneficios a favor de una procesada.