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Opinión
domingo 6 de agosto de 2017, 02:00

La patria subsidiaria

Luis Bareiro – @luisbareiro
Por Luis Bareiro

Subsidiar es poner plata de uno mismo o de varios para entregársela directa o indirectamente a otro o a otros. Cuando es el Estado el que subsidia, toma el dinero de los impuestos que pagamos todos para entregárselo directa o indirectamente a una persona o a un grupo determinado de personas. En todo el mundo hay subsidios y Paraguay no es la excepción.

Los contribuyentes paraguayos subsidiamos entregas de dinero a personas de la tercera edad y a familias de extrema pobreza; subsidiamos la jubilación de militares, policías y una parte de los docentes cuyas cajas son absolutamente deficitarias (por cierto, un subsidio que crece monstruosamente cada año). Subsidiamos también las casas que entrega el Gobierno con gran despliegue publicitario.

Los usuarios de la ANDE subsidiamos la tarifa social de miles de personas que pagan casi nada por la electricidad. Los usuarios del transporte público de todo el país y los que no lo usamos, subsidiamos el cambio de buses viejos por otros nuevos que benefician exclusivamente a los usuarios de la Gran Asunción y a los empresarios que explotan el servicio. Con el argumento de que se provocaría una explosión social, los contribuyentes subsidiamos a la Azucarera Iturbe pagando la deuda que tenía la empresa con los cañicultores y sus empleados.

En la mayoría de los casos, nadie nos preguntó si queríamos pagar esos subsidios. Lo deciden los administradores de turno del dinero público. A veces responden a una política pública razonable y otras a un único fin: mantener cautiva a su clientela política.

En este escenario, no es descabellado que se plantee subsidiar a un sector vulnerable de la sociedad como son los pequeños productores, que vienen de un periodo de malas cosechas y precios deprimidos. La cuestión es determinar exactamente quiénes serán los beneficiarios, cuánto costará a los contribuyentes –según el nivel de cobertura que se pretenda– y de dónde saldrán los fondos.

Si la mayoría de los productores tienen fincas de hasta seis hectáreas, y préstamos de entre 2 y 10 millones de guaraníes, lo razonable es plantear una cobertura restringida a productores con esas características. Y el subsidio no necesariamente debe cubrir la totalidad de sus deudas vencidas, sino lo necesario como para darles un respiro financiero y que puedan reestructurar sus finanzas en el largo plazo. Necesitan de una oportunidad, no de caridad.

El Congreso no sancionó una ley de subsidio, sino un reparto indiscriminado de plata. Elevó la cobertura hasta un límite de 25 salarios mínimos más intereses de todo tipo (eso puede llegar hasta cien millones de guaraníes por productor) y metió fincas de hasta 30 hectáreas. Tampoco precisó la fecha de vencimiento de las deudas (¿son las de ahora, las de hace tres años, las que vencerán mañana?). Y lo que es más grave, no estableció de dónde saldrán los fondos para pagar el subsidio.

Los campesinos no tienen por qué saber cómo se hace una ley. Los que cobran su dieta para eso, sí.