“Lo que estamos dando es una emisión parcial para que el Gobierno pueda cerrar este año, a cambio de que se pase la ley y se inicie el tramite del acuerdo con el FMI”, aseguró a Efe el diputado Ernesto Muyshondt.
Muyshondt, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), explicó que su propuesta establece la emisión de 500 millones de dólares en bonos, de los que 257 millones estarían destinados a saldar el déficit de liquidez que tiene el Gobierno para cerrar 2016.
Detalló que los 243 millones restantes “los pueden ocupar para el pago de LETES (Letras del Tesoro)” porque “a ellos les interesaba mandar una señal a la banca” internacional.
Este monto forma parte de los 1.200 millones que el Gobierno ha pedido al Congreso, de los que 900 servirían para convertir la deuda de LETES, que hasta septiembre alcanzó los 1.040 millones de dólares, en Eurobonos.
Según el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén, si el Congreso no aprueba los bonos, el país caería en un “default” de su deuda soberana.
Muyshondt aseguró que su partido dará sus votos para emitir el resto de bonos “para terminar el 2017" cuando el Gobierno haya firmado el acuerdo “stand by” con el FMI y que este organismo sería el “garante” de que cumpla los compromisos adquiridos.
Para la aprobación de los 1.200 o 500 millones de dólares son necesarios 56 de 84 votos en el Congreso, de los que el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) solo posee 31.
Este martes, 3 partidos de centro derecha del Congreso salvadoreño, que suman 18 diputados, propusieron al Gobierno y a la oposición emitir 600 millones de dólares en bonos para saldar las obligaciones vencidas con los proveedores y “abonar” a la deuda a corto plazo para evitar el “default”.
Estos condicionan sus votos a que se agregue en el presupuesto 2017 el pago completo de un aumento salarial comprometido por ley para los trabajadores de Salud por 16 millones de dólares, y la incorporación de un “presupuesto extraordinario” por 30 millones para las elecciones de diputados y alcaldes de 2018.
También pidieron que se agreguen los 280 millones de dólares para el pago de las pensiones de unas 160.000 personas y de 40 millones para los militares retirados.
