Paraguay es uno de los países que siguen teniendo una paupérrima infraestructura vial. Para nuestra desgracia, el 90% de los caminos existentes siguen siendo de tierra y, en su mayoría, se encuentran pésimas condiciones, por lo que urgen políticas públicas serias para mejorar la malísima situación en la que estamos.
Cuando asumió el Gobierno de Horacio Cartes, la política fue muy clara: Desarrollar la infraestructura con participación privada a través de nuevas leyes. Es así que se logró en el Congreso la sanción de la Ley 5102/13 de Alianza Público Alianza Publico Privada (APP) y se modificó la Ley 1302 de 1998, que pasó a llamarse la Ley 5074 más conocida como Llave en mano.
Vamos a centrarnos en la ley de Llave en mano, que busca que una empresa constructora no solo se encargue de la construcción de infraestructuras (vial, saneamiento, etc.), sino que también consiga el financiamiento –vía préstamos internacionales o locales– para llevar adelante las obras. El Estado asume y paga el préstamo –que consiguió la contratista– cuando la empresa concluya las obras pautadas por contrato.
La ley se presentó como la solución a todos los problemas de infraestructura del país y el MOPC planeó licitar obras por USD 2.000 millones con esta modalidad. Sin embargo, los proyectos más ambiciosos licitados con esta normativa fracasaron y se perdieron tres años para llevar adelante obras que ya no pueden esperar.
Se trata de obras licitadas por más de USD 1.200 millones que no prosperaron, y son: La reconstrucción de 560 km de la ruta Transchaco, la construcción de 1.800 km de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales para las cuencas de Lambaré, Luque y Mariano Roque Alonso.
Ambos llamados recibieron una sola oferta y los costos que plantearon los interesados fueron muy superiores respecto a lo que estimó el MOPC y las tasas de interés fueron bastante elevadas.
Vale señalar que Obras Públicas contrató por USD 10 millones a una consultora internacional (Deloitte & Touche) para gestionar estos proyectos que, al final, no prosperaron. Pese a los fallidos proyectos, el Gobierno lanzará más obras vía Llave en mano, como por ejemplo la costanera sur de Asunción.
Ahora, luego de la pérdida de tiempo, el Gobierno no tuvo otra opción y empezó a negociar de cero la financiación de la Transchaco con préstamos del BID y CAF, justamente, los préstamos tradicionales que pretendían “liberar”.
El MOPC debe programar e identificar obras que verdaderamente puedan ejecutarse con la ley de llave en mano o, definitivamente, debe dejar de lado esta normativa. Y lo más importante, la cartera debe evitar el despilfarro que hasta hoy ocasionó con los proyectos fallidos.
