Hoy, martes 1 de noviembre de 2016, la Cámara de Diputados debería elegir a un nuevo contralor general de la República y a un nuevo defensor del Pueblo, pero no había mayor seguridad sobre que ello pueda ocurrir porque el presidente Horacio Cartes quiere, según lo confirmó ayer Jorge Oviedo Matto, negociar un paquete que incluya Contraloría y Fiscalía y no había votos para frenar al primer empleado de nuestra República. Ayer, a la tarde, él tenía mejores chances de mantener su influencia sobre los institutos de control que la oposición.
Para que todos entendamos fácilmente, el Artículo 281 de nuestra Constitución establece que la Contraloría “… es el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades…”.
El Artículo 283 de nuestra Carta Magna agrega que corresponde al contralor “… la fiscalización de las cuentas nacionales de las empresas o entidades multinacionales, de cuyo capital participe el Estado en forma directa o indirecta…”, así como “… el requerimiento de informes sobre la gestión fiscal y patrimonial a toda persona o entidad pública, mixta o privada, que administre fondos, servicios públicos o bienes del Estado…” y “… la denuncia a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo de todo delito…”.
La gestión de Cartes contó hasta ahora con la pasividad del Ministerio Público y de la Contraloría para llevar adelante asuntos bastante vidriosos desde el punto de vista de las cuentas públicas.
Nadie ha profundizado las denuncias sobre si la empresa Tape Porã, concesionaria del Estado, tiene participación accionaria del Grupo Cartes; nadie ha profundizado las denuncias sobre si los beneficiarios de los contratos de alcantarillado con un crédito llave en mano son gerentes del Grupo Cartes; nadie ha profundizado las denuncias sobre si los concesionarios del billetaje electrónico tienen participación accionaria de gerentes del Grupo Cartes; nadie ha profundizado las denuncias sobre si los nombramientos aduaneros en los departamentos fronterizos con Brasil se realizan en el Grupo Cartes; nadie ha profundizado si los “observadores ad honórem” que Cartes impuso en muchas oficinas públicas llevan información privilegiada al Grupo Cartes. En fin, el Ministerio Público y la Contraloría miran para otro lado en todo lo que pudiera arrojar dudas sobre la sujeción a las leyes por parte del presidente de la República y sus gerentes.
La pública desesperación de Cartes por evitar que los diputados nombren un contralor que pueda profundizar en cualquiera de los temas mencionados y los muchos otros que existen fue puesta en evidencia por la insólita declaración que los autodenominados “soldados del presidente” realizaron el jueves en nombre de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, según lo remarcaban ese día los medios de comunicación del Grupo Cartes (http://bit.ly/2f5rOjT), reiterada ayer con la Resolución CE 03/2016, que insiste en obligar a los diputados colorados a votar lo que Cartes quiera.
Da la impresión de que Cartes no está siendo tan pulcro en la administración de los bienes de todos los paraguayos como dijo que sería, de lo contrario, es difícil entender sus movidas en este campo. Si fuera pulcro no tendría problema alguno en permitir que alguien imparcial, o incluso alguien contrario a él, auditara sus acciones, pero demostró que no lo quiere permitir. Por algo será.