Pero las últimas revelaciones periodísticas sobre el manejo desvergonzado del dinero público, incluso con derivaciones de tinte mafioso como un supuesto atentado, reflejan que el deterioro institucional ha llegado a su más bajo nivel.
el inicio. El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) es una institución diseñada para satisfacer las demandas clientelares y los bajos instintos de los partidos políticos. Desde sus inicios, la conformación de su cúpula ha sido el cuoteo perfecto entre los dos partidos tradicionales (ANR y PLRA) y un tercer lugar para la tercera fuerza, buscando el equilibrio político a la hora de juzgar las elecciones.
Nunca tuvo problemas presupuestarios, porque el Congreso Nacional le da canilla libre, ya que allí van a recalar los operadores políticos de senadores y diputados, desde los cargos más altos hasta los de poca monta en calidad de contratados.
Prueba de esto fue aquella operación fiscal que reveló en el 2010 la existencia de 17.000 contratados, investigación que, por cierto, terminó en el cajoneo oportuno.
Aunque parezca increíble, el cuoteo político se encuentra establecido por la ley electoral, que señala que las designaciones de funcionarios las hará el TSJE con “la proporción de bancas que los partidos políticos tengan en la Cámara de Senadores”. No se sabe a ciencia cierta cuántos funcionarios tiene el órgano electoral. Se estima que tiene más de 4.000 funcionarios fijos y otros miles de “contratados”, que son empleados temporales, los cupos políticos de turno. Hace poco, Jaime Bestard, presidente del organismo, justificó este punto argumentando que se debe mantener el equilibrio entre partidos para que sean contralores mutuos dentro del proceso electoral.
En el TSJE no hay contraloría mutua sino complicidad mutua entre los partidos. La torta se reparte según el peso electoral.
Así, los líderes políticos hacen uso de su “derecho” y pagan sus gastos privados con dinero público. En el diccionario de contratados figuran desde equipos de fútbol, empleadas domésticas, guardias de seguridad, amantes, clanes familiares. Hasta empleados de otras empresas que cobran sus honorarios en el TSJE.
Han sido memorables casos como los pagos al equipo de fútbol ypacaraiense del senador Juan Carlos Galaverna, o del diputado sampedrano Juan José Vázquez, o Lino Oviedo, cuyo personal doméstico (jardinero, cocinera, chofer) cobraba en la Justicia Electoral.
escándalo mayúsculo. Una investigación de este diario reveló un novedoso esquema de corrupción para ampliar el diccionario delictivo en el TSJE. El abogado liberal Manuel Radice, asesor ad honórem del ministro liberal Alberto Ramírez Zambonini, utilizaba la institución como caja personal, empezando por ponerles salarios a sus esposas. Pero en el caso de la tercera fue el colmo, porque además sumó a su suegra y a su cuñada, que vivían la gran vida gracias al erario público. También el organismo corría con los gastos de su empleada doméstica, su guardia y la contadora de su consultora. Saltaron también jugosos contratos con su firma para cursos de capacitación.
Radice superó con creces al diputado José María Ibáñez con sus caseros, y al senador Víctor Bogado con su “niñera de oro”. Aunque similares en el modus operandi: el salario llegaba amputado a los planilleros, porque se quedaban con un porcentaje.
Este caso volvió a poner foco sobre la Justicia Electoral. ¿Será un escándalo más o tendrá consecuencias más graves?
Si bien el liberal está en el ojo de la tormenta, Jaime Bestard y María Elena Wapenka no pueden lavarse las manos avalando todo. Algunas denuncias salpican ya también al ministro colorado, por lo que hay pocas esperanzas de saneamiento institucional.
La figura de Ramírez Zambonini (68) ya no puede degradarse más. El ministro más antiguo no puede seguir en la institución, que maneja y pervierte desde 1996.
El PLRA no puede sostenerlo más y, aunque tenga razón cuando señala que Galaverna no puede erigirse en el verdugo de esta cruzada moral, debe activar los mecanismos institucionales para sacarlo del cargo. Por cierto, hay un juicio político pendiente para el citado ministro y otros tres de la Corte Suprema de Justicia que parece tendrá andamiento en estos días.
La renuncia es el camino más corto y digno.
Pero, por sus antecedentes, Ramírez Zambonini no forma parte de ese pequeño club liberal que honró alguna vez al partido.
