La desigualdad en la propiedad de la tierra tiene causas y consecuencias relacionadas con otras asimetrías. Los bajos niveles de impuestos pagados por la tierra incentivan la especulación y el acaparamiento, y restringen el mercado de tierras.
Los bajos niveles de impuestos cobrados a los beneficios que generan no retribuyen al país los recursos que se necesitan para avanzar en el desarrollo, ni financian las importantes externalidades negativas que se generan en la producción, cuando se incumplen las leyes ambientales. El desgaste que está sufriendo la tierra en Paraguay y los costos de la deforestación y la contaminación los terminaremos pagando todos, mientras que los beneficios quedaron concentrados en unos pocos.
La expulsión de la población rural ocasiona desarraigo, migración y termina impulsando el desempleo, el empleo informal, el hacinamiento y la conflictividad en las principales ciudades y sus áreas metropolitanas.
El acceso a la tierra debe ser objetivo de la política pública en Paraguay. No es posible que Paraguay continúe con la actual estructura de la propiedad de la tierra. Esta desigualdad no solo viola el derecho a la tierra de la población campesina, sino que también afecta a toda la población ya que limita las oportunidades de la producción de alimentos en la cantidad y calidad que requiere el país.
Las consecuencias directas del desabastecimiento son la desnutrición, la obesidad y el aumento de los precios de los alimentos, lo cual incide en la posibilidad de reducir la pobreza y las principales vulnerabilidades que enfrenta la población paraguaya en materia alimentaria.
Ningún país ha avanzado en sus indicadores de bienestar dependiendo de la importación de alimentos básicos, en medio de permanentes conflictos, con muertes cada año y con la corrupción y el clientelismo que trae aparejado el acaparamiento de tierras.
Hasta el papa Francisco hace referencia a esta desigualdad extrema cuando cita a Paraguay en la última encíclica Laudato SI. El documento señala: “La tierra de los pobres del Sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y recursos para satisfacer sus necesidades vitales les está vedado por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso”.
No podemos pretender construir un país desarrollado y con cohesión social en un contexto de desigualdad extrema y negando la existencia de un problema de tanta complejidad. El Gobierno debe tener una propuesta y ponerla en discusión, ya que tal como está la política pública solo lleva a mantener inalterable la situación o, peor aun, empeorarla. Esto sin hablar de la conflictividad social y política.
