El Ministerio Público investiga a auditores del ente contralor por “faltar a la verdad” en su informe sobre uso de recursos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), donde se investiga un millonario desfalco.
“Nosotros queremos seguir teniendo la confianza de la gente como en todos estos años”, apuntó Velázquez.
La Contraloría sostuvo en su informe que los auditores concluyeron que no encontraron importantes irregularidades, salvo ciertas “salvedades”, en el ejercicio fiscal 2012 del MAG, durante la gestión del ahora senador liberal Enzo Cardozo, quien está bajo investigación.
El asesor jurídico de la Contraloría, Roy Rogers, explicó que cuando se realizó el informe no había “un solo imputado” en el caso del MAG.
“¿Cómo íbamos a saber desde acá que la Fiscalía iba a imputar dos años después a una de las personas que firmó el acta que decía que recibieron la ayuda del Ministerio?”, se preguntó Rogers.
Con esto, hizo referencia a la postura de la fiscala Claudia Criscioni, quien alega que la Contraloría estuvo integrada por Lidio Irala, uno de los dirigentes de los 190 comités de agricultores procesado por el desvío de G. 3.700 millones.
Otro informe cuestionado por la Fiscalía es el que se refirió a las tierras que el Indert compró en el 2013 de la firma San Agustín, donde el ente contralor alega que se pagó menos del precio establecido en la zona.
Desde la Contraloría sostienen que la propia Fiscalía hizo un informe donde se tasó la propiedad en G. 86.134.711.500, pero el Estado compró por G. 46 millones.
Al ser consultado sobre los informes que el ente contralor envía a Delitos Económicos a menos de 6 meses de la prescripción, Rogers explicó que medio año “basta y sobra” para que los fiscales realicen la imputación y se suspenda dicha prescripción.
Comentó que la Contraloría envía un dossier del caso, que sirve a la Fiscalía para realizar las principales gestiones e imputar “en el mismo día si quieren porque no le envíamos 20 o 30 hojas, sino casi un libro, por caso”.
Aseguró que nunca tuvieron quejas de la tarea de sus auditores y que sus denuncias siempre fueron utilizadas sin ningún cuestionamiento de parte del Ministerio Público.
“Nuestro informe no es vinculante. Vamos a sostener nuestros informes y que se demuestre, en las instancias que sean, que es mentira lo que dicen nuestros auditores”, añadió Rogers.
Recordó que el Ministerio Público tiene la prosecución penal, mientras que Contraloría solo lo administrativo.
