El magistrado decidió otorgar a Karina Rodríguez medidas sustitutivas a la prisión, fijando una fianza personal de G. 200 millones, prohibición de salir del país y comparecencia mensual en el Juzgado.
La decisión lo realizó tras la audiencia de imposición de medidas que se llevó a cabo este lunes en el Palacio de Justicia, informó el periodista de ÚH, Raúl Ramírez.
“Nuestra intención es que esto se resuelva lo antes posible, se aclare la situación y se deslinden responsabilidades”, indicó Rodríguez a los medios de prensa.
Recordó que desde el inicio se puso a disposición de la investigación y ahora están cumpliendo con las etapas procesales.
“Siempre dijimos, que en caso de que se compruebe que hubo un error, nos hacemos responsables”, refirió.
La misma reconoció que no sabía que su asesor Lino Valencia se encontraba fuera del país, pero volvió a destacar su labor mientras trabajó en la bancada de Avanza País, en la Cámara de Diputados.
Rodríguez dijo que fue una de las parlamentarias con mayor producción en su momento, resultado de un trabajo en equipo.
La fiscala Nadine Portillo imputó a Karina Rodríguez por expedición de certificados no auténticos y cobro indebido de honorarios en carácter de cómplice, debido a la firma de planilla de asistencia de su asesor cuando este no estaba cumpliendo funciones.
La ex diputada ni bien se puso a disposición del Ministerio Público también depositó en una Escribanía la suma de G. 12 millones, que sería el dinero cobrado por el asesor español Lino Xavier Valencia, presuntamente, de manera irregular
ASESOR. El asesor español Lino Valencia no se presentó a la audiencia de imposición de medidas este lunes. El mismo se encuentra actualmente en su país.
El abogado Álvaro Arias comentó que está aquejado de una enfermedad y que se presentará en el próximo llamado del Juzgado. Valencia está imputado por cobro indebido de honorarios
El acta de imputación menciona que el monto aproximado percibido por el asesor español de forma irregular asciende a G. 14.094.681. La fiscala considera que existen suficientes elementos de sospechas respecto a la comisión de los hechos punibles por los cuales se formula la imputación.
