EFE
El presidente del Tribunal Superior Electoral, Gilmar Mendes, declaró abierta la sesión en la que esa corte fundada en 1932 sentará por primera vez en el banquillo a los miembros de una fórmula vencedora de unos comicios presidenciales.
La corte celebrará esta semana las primeras cuatro audiencias del juicio, que se calcula que se prolongará durante meses y pudiera ser suspendido en cualquier momento si alguno de los siete miembros del tribunal solicita más tiempo para estudiar los cargos.
Catalogada como Acción de Investigación Judicial Electoral (Aije) 194358, la demanda se refiere a supuestas “donaciones” recibidas por Rousseff y Temer para la campaña de 2014, cuando fueron reelegidos, que habrían salido de la red de corrupción que operó en Petrobras y concretamente del grupo Odebrecht, implicado en esa trama.
Según ha confesado Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa, su grupo donó para esa campaña de Rosseff y Temer 150 millones de reales (hoy unos 48 millones de dólares) y al menos una tercera parte de ese dinero tuvo origen en la corrupción.
Rousseff y Temer ganaron las elecciones de 2014, que mantuvieron a ella al poder y a él en la vicepresidencia, aunque la mandataria fue destituida por irregularidades fiscales en agosto pasado y el actual gobernante heredó el mandato que ahora puede perder, lo que llevaría a una elección indirecta en el Congreso.
Si se llegara a ese extremo, sería la primera vez en la historia que dos presidentes brasileños sean destituidos durante el mismo período, lo que pudiera ahondar la profunda crisis política en que se ha sumergido Brasil en los últimos tres años, desde que comenzó la investigación sobre la trama corrupta en la estatal Petrobras.
En caso de una sentencia condenatoria, quien fuera elegido por el Congreso para suceder a Temer concluiría el mandato que vence el 1 de enero de 2019, cuando deberá asumir el ganador de las elecciones previstas para octubre del año próximo.
En la primera de las cuatro sesiones convocadas para esta semana, el tribunal escuchará al instructor del caso, Herman Benjamin, quien presentará un resumen de las investigaciones, a los abogados de los dos acusados y a un representante del Ministerio Público Electoral.
Tanto la defensa de Rousseff como la de Temer, que actúan por separado, han pedido la anulación del juicio por supuesta falta de pruebas.
Además, los abogados del actual mandatario también demandan que las cuentas de ambos sean juzgadas en forma separada, pues alega que cada uno se ocupó de su propia recaudación y que en el caso de Temer no hubo fraudes.
Si se llegase a una sentencia condenatoria, Temer permanecería en el poder hasta que sean juzgadas todas las apelaciones previstas en la ley, que comienzan en la propia corte electoral y acaban en el Tribunal Supremo, que daría la última palabra tras un engorroso proceso.
