El planteamiento de “retirar” el juicio político a Blanco, Garay Zuccolillo y Bajac es absolutamente improcedente. En primer término, porque sin el alejamiento de los mismos de la Corte Suprema de Justicia es imposible generar el saneamiento del máximo tribunal de la República y avanzar en la indispensable reforma del Poder Judicial, que es uno de los poderes más cuestionados por la ciudadanía en su conjunto.
Las causales que dieron origen al enjuiciamiento son lo suficientemente contundentes como para reclamar a la Cámara de Senadores que dé término al proceso iniciado a fines de 2014 por Diputados. Solo así se logrará recuperar una reputación y honorabilidad de la que hace tiempo no goza en absoluto la Corte Suprema, pese a los cambios de dos o tres figuras que se han efectuado en los últimos años.
La Constitución, y así debe entenderlo la clase política, no puede ser manejada con tanta liviandad. El Senado debe cumplir su rol de juez y determinar si la conducta y los hechos de los que se acusa a los ministros en cuestión ameritan o no su destitución del cargo, a tenor de lo prescripto en el artículo 225 de la Ley Fundamental.
Los casos de mal desempeño en sus funciones, nepotismo, causas vinculadas con narcotraficantes, compraventa de tierras públicas, tráfico de influencias y morosidad ameritan que la Cámara Alta se expida sobre el proceso iniciado por Diputados, tanto en el sentido condenatorio como exculpatorio, según se acredite en el juicio y los sindicados presenten las pruebas en su descargo que sean del caso.
De una vez por todas, la clase dirigente de este país debe demostrar un ápice de seriedad y estar a la altura de los acontecimientos; de lo contrario, seguirá imperando en el imaginario colectivo y en la contundencia de los hechos la idea de que el Poder Judicial es manejado a su antojo por politiqueros completamente divorciados de la promoción del interés general y únicamente consustanciados con la consecución del beneficio personal.
Por otra parte, la figura del juicio político de ninguna manera puede ni debe continuar siendo manipulada ni desacreditada como ha venido sucediendo hasta el momento, siendo una tarea fundamental, urgente y prioritaria de los congresistas regular el artículo 225 de la Constitución Nacional, a fin de dar mayor legitimidad a los procesos de acusación y juzgamiento, y evitar que tanto la ciudadanía como la opinión pública internacional sigan considerando que esa trascendental institución es un procedimiento sujeto al capricho o la compraventa de votos en el Congreso.
Ante todo este conjunto de argumentos, de ninguna forma es atendible la propuesta de “retirar” el juicio político sustanciado a los tres magistrados de la Corte Suprema. Este debe continuar su curso para que, más pronto que tarde, el Poder Judicial avance en la importante reforma que requiere a fin de recuperar ante la sociedad una credibilidad que jamás debió haber perdido.
