De acuerdo con el procedimiento legal, luego de que el Ministerio Público (MP) pidió ayer ligar a proceso a los acusados, toca el turno a los querellantes, entre ellos el ente de las Naciones Unidas.
La Cicig, que está representada en la audiencia de primera declaración por el abogado César Orozco y que ha colaborado en las investigaciones de varios casos de corrupción, secundará la petición de la fiscalía guatemalteca.
Luego continuarán otros dos querellantes y por último estarán los abogados de los 57 imputados para presentar las pruebas de descargo contra sus patrocinados.
Una vez concluya la presentación de los argumentos de las partes, Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo deberá resolver si existen o no suficientes evidencias como para procesar o no a las 57 personas.
Además de Pérez Molina, otro de los acusados es la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti.
Ambos fueron acusados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del MP de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo.
Uno de los principales testigos que tienen los acusados en este caso denominado “Cooptación del Estado” es el exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, a quien varios de los imputados tildaron de “mentiroso compulsivo” y negaron su participación en la estructura criminal.
