El titular del gremio, juez Ángel Daniel Cohene, manifestó ayer que ya tienen redactado el documento, lo que pusieron a disposición de los 1.400 socios que deseen accionar contra los descuentos.
Resaltó que ayer ya recibieron la documentación de los primeros jueces que buscan no ser afectados por las retenciones. Recordó que los agremiados deben acercarse al décimo piso (Torre Sur) del Palacio de Justicia para entregar sus documentos personales y firmar la inconstitucionalidad, en atención al carácter personalísimo de la acción.
Los magistrados cuestionan, principalmente, que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) pretende aplicar los descuentos sobre el salario de los trabajadores y no sobre su renta. También critican la falta de competencia de esta dependencia para establecer la retención.
Fiscales. Los primeros en accionar contra las retenciones por el IRP fueron los fiscales.
Un total de 194 agentes del Ministerio Público presentaron el viernes pasado acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, bajo patrocinio del abogado Daniel Mendonca.
Los fiscales cuestionan que la Resolución 119/17 de la SET resulta violatoria con relación a lo dispuesto en artículos de la Constitución Nacional, como el 44 que se refiere al principio de la legalidad tributaria, el 92 sobre el derecho a la retribución del trabajo y el 109 sobre el derecho a la propiedad. Además, señalan que para que la deducción sea válida debe haber una orden de un juez o una nueva ley.
Los descuentos a los contribuyentes del IRP se aplicarán desde el 1 de setiembre para los trabajadores dependientes, profesionales independientes y accionistas.
Abogada dice que no se fijó rango para profesionales
La abogada tributarista Nora Ruoti señaló ayer que los asalariados serán los mayores “beneficiados” con las retenciones, ya que solo se les descontará el 0,5% de sus salarios y la retención se aplicará solo cuando se llegue o supere la remuneración de G. 10 millones por mes.
Advirtió, sin embargo, que la Resolución 119/17 de Tributación no establece un rango mínimo para los profesionales independientes ni para los que tributan sobre los dividendos, por lo que cuando baje el rango no incidido, irá aumentando el número de aportantes que se verán afectados por las retenciones.
Critica también la falta de capacitación a empresas que serán agentes de retención.