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Editorial
domingo 11 de junio de 2017, 01:00

Inundaciones: Alto costo por falta de soluciones estructurales

Las cuantiosas pérdidas económicas que se derivarán de estas inundaciones son incalculables. Si bien hay expectativa de un crecimiento económico alto para el año 2017, no cabe duda de que el problema tendrá consecuencias muy negativas en muchos sentidos en la población afectada y, probablemente, en la economía en general. Si la volatilidad económica es una característica casi permanente, las inundaciones agravan esta condición poco favorable para encaminar al país hacia la senda de un desarrollo estable e inclusivo a largo plazo. La política pública debe avanzar además hacia una buena planificación territorial y urbanística.

A pesar de la incertidumbre acerca de las consecuencias económicas de las inundaciones, no cabe duda que el impacto será importante, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, sobre todo en las regiones afectadas.

Las familias pierden sus activos y bienes duraderos, lo cual afectará a su capacidad de resiliencia futura. Ninguno de estos bienes es posible recuperar en el corto plazo, sobre todo de los hogares de niveles medios para abajo. Les llevará años recuperar el nivel de producción y de bienestar que lograron seguramente con mucho esfuerzo y sacrificio.

El gasto en el que deberán incurrir a la vuelta de sus hogares y lugares de trabajo es difícilmente cuantificable. Hacer de las viviendas un lugar habitable y del emprendimiento productivo una actividad rentable nuevamente será duro y requerirá de esfuerzo económico y tiempo. Las consecuencias de una emergencia, que esperemos dure pocos meses, impactarán por largos años en la vida cotidiana de los afectados.

No hay forma de estimar la pérdida de trabajo de mucha gente. En muchos casos no solo pierden un hogar, sino también los medios de vida y las fuentes de empleo e ingresos.

El sector público también sentirá el impacto. Los gobiernos locales, las gobernaciones y la Secretaría de Emergencia Nacional destinan recursos, que pueden ser muchos o pocos, pero que si se hubieran implementado políticas estructurales y de largo plazo podrían haber sido más útiles y efectivos en otros ámbitos. Los fondos dirigidos a enfrentar emergencias tienen alto costo de oportunidad. Ojalá las autoridades nacionales y locales tomen conciencia de la necesidad de invertir en la prevención y no solo cuando ocurre el evento.

La prensa ya se ha hecho eco de problemas con altos costos para las instituciones públicas. Todos los servicios públicos están siendo afectados. Las obras viales se encarecerán por los retrasos. Las escuelas que ya de por sí están mal sufrirán mayor deterioro aún. Esto sin considerar el efecto negativo que tendrá el ausentismo escolar y el posible rezago educativo que sufrirán niños y jóvenes. La infraestructura eléctrica y de salud también requerirán inversión una vez que bajen las aguas.

Dado que el cambio climático está profundizando el impacto de los eventos de la naturaleza, acortando los periodos y agudizando sus efectos, el Gobierno debe analizar la situación a largo plazo y tomar las medidas necesarias para que esta situación no se convierta en un problema permanente. Los costos a mediano y largo plazo serán muy superiores que el costo de soluciones estructurales.

La política pública debe avanzar en una buena planificación territorial y urbanística que considere la infraestructura necesaria para mitigar los efectos y la reorganización urbana. De otra manera seguiremos derrochando dinero público y privado y arrastrando el problema de generación en generación.