El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, mano derecha de Horacio Cartes y jefe de facto de todos los ministros del Ejecutivo, Juan Carlos López Moreira, es accionista de President Energy, una empresa multinacional que busca petróleo en suelo paraguayo. No es cualquier compañía, sino la que actualmente cuenta con más bloques de exploración en el Chaco. Desde octubre pasado, López Moreira ostenta otro importante cargo: “Coordinador de la Política Energética del país”.
Cualquiera —y me refiero a cualquier persona capaz de razonar dejando de lado las pasiones políticas— puede ver que esta autoridad pública se encuentra ineludiblemente frente a un conflicto de interés. Vayamos más allá de lo obvio y olvidemos por un momento su flamante título de coordinador de políticas energéticas: sigue siendo el superior directo del ministro de Obras Públicas, que a su cargo tiene el Viceministerio de Minas y Energía. Es el jefe de los hombres que pueden beneficiar o perjudicar los intereses de la empresa de la cual es, en parte, dueño. Cuando decimos “en parte”, nos referimos a las acciones valuadas en 5 millones de dólares que posee desde el 2014, según reconoció el mismo López Moreira.
A pesar de todo esto, que son hechos reconocidos por él mismo, el jefe de Gabinete de la Presidencia sostiene que no hay ningún problema en su doble rol de funcionario y a la vez emprendedor petrolero. Esbozó un argumento entendible a primera vista, pero que no resiste un análisis profundo. Según su visión de la administración de la cosa pública, no hay conflicto de interés hasta tanto él no tome una decisión que vaya contra la ley y beneficie a su compañía.
Esta tesis no es nueva. Sigue la línea trazada por el gobierno de Cartes desde sus inicios. Ahí lo tuvimos hace pocos meses al ministro de Obras Públicas defendiendo la concesión a Tape Porã, empresa en la que su padre es un importante accionista. Hace unos días también supimos que un ex viceministro de Energía del gobierno de Cartes ahora es director de la petrolera de López Moreira. Él también asegura que no hay nada irregular en esto.
El cartismo busca convencer al país que las líneas entre lo público y lo privado son borrosas e incluso móviles, cuando se refieren a sus negocios. Quizás —y este es un gran quizás—, los ministros del Ejecutivo se cubrieron las espaldas y aprovecharon vacíos legales para actuar a sus anchas en sus papeles como empresarios y funcionarios públicos. Sin embargo, no podrán nunca escaparse de la ética y el sentido común. La cuestión, en el fondo, es simple: o gobiernan el país o administran sus empresas. No pueden hacer ambas cosas.
