EFE
Cerca de un centenar de personas, entre las que se cuentan muchos niños, viajaron el pasado lunes desde su comunidad, ubicada en el Chaco, a unos 355 kilómetros de la capital, y permanecen desde entonces instalados en la acera de la céntrica calle Palma, ante el Ministerio de Hacienda.
Los aborígenes, del pueblo sanapaná, exigen a esta institución que establezca un calendario para liberar los fondos necesarios para el pago de sus tierras, de las que fueron expulsados hace más de treinta años por varias empresas ganaderas.
En 2010, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) obligó al Estado paraguayo a restituir a los indígenas las 10.700 hectáreas de superficie que componen el territorio de Xákmok Kásek.
El Estado llegó a un acuerdo de compra con uno de los propietarios de los terrenos, que posee la titularidad sobre 7.700 hectáreas del total de estas tierras, ocupadas por la explotación ganadera Estancia Salazar, del estadounidense Robert Eaton.
Sin embargo, la demora del Ministerio de Hacienda para liberar los fondos que permitan al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) realizar la compra preocupa a los nativos, por lo que decidieron desplazarse hasta la capital.
“La comunidad decidió venir para exigir el pago de la tierra, es la única forma que encontramos para presionar al Estado”, afirmó María Laura López, integrante de la comunidad.
Explicó que, aunque en estos días a la intemperie en el centro de la ciudad están “soportando muchas cosas”, su lucha “ya dura más de 30 años”, por lo que no abandonarán su protesta mientras no tengan un compromiso de las instituciones para el pago de las tierras.
“Ahora estamos intranquilos, pendientes de todo lo que pase. Necesitamos el pago para estar tranquilos y poder trabajar nuestra tierra. Estamos trabajando solo para el consumo familiar, pero cuando se llegue a pagar podremos trabajar en más producción”, dijo López.
Los líderes de la comunidad se reunirán este mediodía con el presidente del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Aldo Zaldívar, para tratar de desbloquear el pago de sus territorios.
“Si un pueblo no tiene tierra, no tiene futuro. Necesitamos la tierra para trabajar y sobrevivir, la tierra es lo principal para un pueblo indígena”, concluyó López.
Además de la sentencia que afecta a la comunidad Xákmok Kásek, Paraguay tiene pendientes otras dos órdenes de la Corte IDH.
Una obliga desde 2005 a permitir el acceso libre a sus tierras a la comunidad indígena Yakye Axa, del grupo étnico énxet, y la otra a restituir sus tierras a la comunidad Sawhoyamaxa, del mismo grupo, pendiente desde 2006.
En la región del Chaco hay presencia de hasta 17 de las 20 etnias indígenas que existen en Paraguay, divididas en cinco familias lingüísticas diferentes y que representan un 1,7 % del total de la población.
Cerca del 75 % de los indígenas de Paraguay vive en situación de pobreza extrema, en su mayoría debido a que fueron desposeídos de sus tierras ancestrales durante la dictadura (1954-1989) y en la primera década de democracia.
