Los abogados Marcos Fariña, Luis Samaniego y Nelson Martínez presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ataca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que había declarado al senador Fernando Lugo inhábil para postularse como candidato a la presidencia de la República en el 2018.
Con esta acción, Lugo busca que el pleno de la Corte, integrada por nueve ministros, sea la que decida sobre si está habilitado o no a buscar su reeelección en la presidencia de la República y que no sea una sentencia “inconstitucional y arbitraria” del TSJE la que le impida ser candidato.
Los abogados presentaron además a Lugo como un perseguido político.
Los asesores jurídicos del senador del FG dejan en manos de la máxima instancia judicial del país la resolución de un litigio que se inició con una demanda que presentó la ANR ante la Justicia Electoral por presunta “propaganda engañosa” de Lugo.
Piden que la Corte declare inconstitucional la sentencia del organismo electoral y valore “los efectos de la aplicación de las resoluciones (del TSJE)” que declaró a Lugo inhábil para buscar la reelección.
En el texto de la acción presentada ayer se detalla que el TSJE “se ha atribuido competencia ajena a sus atribuciones constitucionales y legislativas”, al interpretar el artículo 229 de la Carta Magna.
En su sentencia el TSJE, de forma unánime, denegó la posibilidad de que Lugo sea candidato en el 2018, dado que ya fue elegido presidente de la República en el 2008.
Para Fariña, la resolución del TSJE carece de valor y afirmó de que “como siempre hemos dicho, la Corte es la encargada de interpretar la Constitución y lo que ellos resuelven vamos a acatar”.
No obstante, los otros abogados repitieron que no buscan que la Corte habilite a Lugo porque para ellos el senador del FG está habilitado.
Del mismo modo, negaron que si la Corte hace lugar al pedido de Lugo y sienta antecedente sobre la reelección, un indirecto beneficiado sería el presidente de la República, Horacio Cartes. “Aquí no buscamos una certeza constitucional, sino la acción de inconstitucionalidad contra la sentencia de los títeres del TSJE, que cumplen órdenes del Ejecutivo”, dijo el abogado Luis Samaniego.
Los representantes de Lugo dijeron que, independientemente a los plazos, la Corte se debe expedir a favor o en contra del pedido. Dado que en enero se inicia la feria judicial, lo que resuelva la Sala Constitucional y posteriormente el pleno de la Corte quedaría en suspenso hasta febrero.
Los abogados apuntaron a que el fallo del TSJE cercena el derecho de libertad de expresión que tiene Lugo. A raíz de esto presentaron como un perseguido político al senador y anunciaron acciones internacionales.
