EFE
En el ayuntamiento de La Reina, en la capital chilena, se estrenó una obra artística que recrea el Cuartel Lautaro, un lugar de exterminio de opositores a la dictadura cívico-militar de Pinochet, que empezó a funcionar a partir de 1975.
En este lugar, la temible Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta de la dictadura, mató a unas 200 personas, la mayoría miembros del Partido Comunista.
El comando de exterminio estaba integrado por 36 personas, entre ellos infantes de Marina, agentes civiles de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros -entre ellos varias mujeres-, oficiales y suboficiales del Ejército, y decenas de suboficiales de todas las ramas castrenses.
Bachelet señaló a los periodistas que “quienes fueron cruelmente torturados y asesinados en este sitio, lo fueron porque estaban resistiendo a la dictadura desde la política y la sociedad, porque estaban construyendo puentes entre quienes pensábamos distinto”.
“Cuesta asomarse al horror al que compatriotas nuestros fueron empujados, sin piedad, sin un ápice de respeto a su dignidad, por el solo hecho de pensar distinto, por el solo hecho de defender la democracia avasallada y de organizarse para resistir a una dictadura cruel”, aseguró la mandataria socialista.
La presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, aseguró que “a 40 años aún no tenemos consolidado el que nunca más pasen estas cosas. El imperativo es luchar sin descansar”.
“En Chile aún hay muchos civiles y militares que participaron en los asesinatos durante la dictadura y están libres. Los tormentos que se aplicaron a quienes llegaron a este cuartel nos recuerdan el horror del nazismo”, dijo Pizarro.
En la ceremonia también se destacó al periodista chileno Javier Rebolledo, que a través de una investigación que se plasmó en tres libros visibilizó las violaciones a los derechos humanos, entre ellos las del Cuartel Lautaro.
En este centro, integrantes de la Brigada Lautaro torturaban a los detenidos y les quemaban el rostro para que no fueron identificadas, ocasionando finalmente la muerte de los opositores.
Según testimonios de algunos detenidos que lograron sobrevivir a los tormentos, en ese centro se usaron variadas formas de asesinato.
Recuerdan que al dirigente comunista Víctor Díaz López, padre de la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz, los infantes de marina Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro le amarraron una bolsa plástica en la cabeza para asfixiarlo, mientras una teniente del Ejército, Gladys Calderón Carreño, le inyectaba cianuro en las venas para acelerar su muerte.
Varias de las placas que llevan el nombre de los asesinados y que se levantan en esta obra artística de recuerdo y reflexión, según han señalado sus creadores, están vacías puesto que aún no se han reconocido todos los que pasaron por ese centro de tortura.
La obra, que es del arquitecto Nicolás San Martín, se afinca en una plaza que está en frente de la Academia de Guerra Militar.
Esta iniciativa se suma a la celebrada la semana pasada cuando en la comuna de Providencia, la alcaldesa, Josefina Errázuriz, inauguró un memorial que recuerda a tres profesionales degollados en 1985 por la policía secreta de Pinochet, cuyos cuerpos fueron arrojados en la periferia de la capital chilena.
Los profesionales Santiago Esteban Nattino Allende, pintor y partidario de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH); Manuel Leonidas Guerrero Ceballos, profesor y dirigente de esa misma asociación, y José Manuel Parada Maluenda, sociólogo y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad, fueron secuestrados a fines de marzo de ese año por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar).
El 30 de marzo, camino al ayuntamiento de Quilicura, frente al fundo El Retiro, y cerca del aeropuerto internacional de la capital chilena, los cuerpos de los profesionales fueron encontrados degollados y con evidentes signos de tortura.
