El fin de semana se generó una fuerte preocupación tras la circulación de mensajes de advertencia en redes sociales y grupos de WhatsApp sobre personas internadas por intoxicación tras la consumición de sal con arsénico (metal dañino que en cantidad incluso puede producir la muerte).
Al respecto, la doctora Laura Mendoza lamentó que se haya generado una sicosis en ese sentido y aseguró que la sal es uno de los alimentos con mayores controles dentro del sistema de vigilancia.
También explicó que el arsénico forma parte del medio ambiente y existe un límite de 0.5 microgramos para su consumo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La directora de la INAN manifestó que la sal debe ser lavada para ingresar al territorio nacional porque anteriormente se tenía productos de uso industrial, animal y humano.
“Nosotros prohibimos el ingreso de sal que no fuera lavada porque así disminuimos el arsénico y el plomo, que son los metales que forman parte de la sal”, expresó a la emisora 780 AM.
Sobre el caso específico del lote sacado de circulación, dijo que se trata de 14.000 bolsas de 50 kilogramos con niveles de arsénico superiores a lo permitido, que fueron sacadas del mercado. Tenían 1,1 microgramos.
Sostuvo que al producto se le toman muestras y se hacen análisis antes de su ingreso al país. No obstante, mencionó que existe el contrabando, que es de difícil control. Pero en el caso de la sal lamentó que al ser de grandes toneladas, es imposible que pase sin ser vista.
El consumo de sal con arsénico elevado durante varios años puede producir infecciones a las personas y causar enfermedades oncológicas.
La institución procedió a la retención, prohibición de comercialización, consumo humano, animal o su uso en industrias no alimenticias del producto sal entrefina yodada, de la marca Besal, del lote 121016, por el contenido de arsénico arrojado, superior al máximo permitido, según resolución S.G. N° 599/14.
Por su parte, la agente fiscal de la Unidad Especializada en la lucha contra el Contrabando, Carmen Gubetich, imputó a Luis Alberto Guerreros Larrea y a otros supuestos implicados en los hechos punibles de contrabando y comercialización de alimentos nocivos.
La causa está a cargo del juez Humberto Otazú, del Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos.