En una conferencia de prensa, donde primero hubo ataques hacia la Cámara de Senadores por la decisión de recortar el monto de emisión de bonos y dejarle al Tesoro sin posibilidades de pagar deudas, y después se buscó conciliar, señalando que el Poder Ejecutivo está abierto al diálogo, el ministro de Hacienda, Santiago Peña, reconoció que hay alternativas para saldar los compromisos del Estado el próximo año.
Al respecto, explicó que una de las salidas es solicitar la ampliación presupuestaria el próximo año y otra vetar el plan de gastos, con lo cual regirá el Presupuesto 2016 el próximo año. Agregó que si el plan de gastos estatal sale del Congreso, así como fue aprobado en Senadores, en junio se entrará en default.
Durante el estudio del proyecto de Presupuesto 2017 en la Cámara de Senadores, los legisladores redujeron de USD 558 millones a USD 349 millones el monto de emisión de bonos del Tesoro. Además, el Senado aprobó incrementos salariales de entre el 10% y 18% para docentes y personal de blanco, y fijó límites a la política monetaria.
Peña, quien estuvo acompañado de los viceministros de Economía, Lea Giménez, y de Administración Financiera, Ramón Ramírez, explicó que el próximo año el Estado debe destinar a amortización de la deuda pública un total de USD 305 millones.
SEIS MESES. Agregó que la disminución de USD 172 millones conlleva que el Estado solo podrá dar cobertura a sus obligaciones hasta mayo de 2017, lo cual representará un riesgo de default a partir de junio del próximo año. Añadió que esto es así porque no previeron los recursos alternativos para financiarlo y solo lo recortaron en el presupuesto, lo cual no extingue la deuda, y si no se encuentra presupuestado, no puede ser ejecutado.
Manifestó que el argumento principal utilizado por el Senado fue que la deuda no siga aumentando. Añadió que el error de este argumento está en que este procedimiento mantiene el nivel de deuda actual.
El 23% de las amortizaciones que vencen en el 2017 corresponden a deudas asumidas por este gobierno. Según Hacienda, un atraso con los acreedores del Estado propiciará que la deuda sea exigible de forma inmediata (USD 2.380 millones solo en bonos soberanos).
Asimismo, Peña insistió en que el manejo de la deuda por parte del Gobierno es prudente, tiene una visión a largo plazo y responde a las necesidades que tiene el país.
“Le pedimos encarecidamente a la Cámara de Diputados que se pueda ratificar de manera plena en la versión que ha aprobado. Esa versión establece la autorización para el servicio de la deuda del Paraguay, también tiene el mecanismo para que el BCP pueda implementar su política monetaria con todas las herramientas necesarias”, manifestó.
Peña refirió también que el aumento salarial aprobado en la Cámara Alta viola la Ley de Responsabilidad Fiscal. Lamentó que se haya rechazado el incremento salarial para policías, militares y funcionarios que perciben el salario mínimo.
“Nos ofrecemos como un tercero imparcial, donde nuestra vocación no es de una política partidaria, sino de una política pública a largo plazo, que privilegia a los desafíos que tiene Paraguay en términos de desarrollo”, insistió.
