Así lo señala el informe elaborado por expertos independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), que todavía no ha sido divulgado oficialmente pero cuyas conclusiones fueron reveladas por la representante especial del organismo para el tema de Guatemala y Belice, Magdalena Talamas, en una rueda de prensa celebrada hoy en la capital guatemalteca.
El documento asegura que el joven de 13 años, quien ya había sido detenido por Belice en anteriores ocasiones por caza furtiva, se adentró 562 metros al este de la línea de adyacencia y ahí se produjo un intercambio de disparos según las evidencias encontradas en un árbol, que indican que los proyectiles provenían del lado donde se encontraba la familia guatemalteca.
Las evidencias señalan además que los disparos que causaron la muerte al joven e hirieron a su padre no fueron realizados por las fuerzas armadas, sino por los guardabosques de una ONG beliceña que forman parte de las patrullas de vigilancia.
Esta tesis reforzaría las declaraciones de las fuerzas de seguridad de Belice, quienes aseguraron que los disparos se produjeron en respuesta a una agresión por parte de la familia Alvarado.
El primer ministro beliceño, Dean Barrow, afirmó este viernes que el informe, el cuál todavía no ha sido publicado ya que aún no ha sido entregado formalmente a Guatemala, revela “la falsedad de la posición tomada por su presidente (Guatemala), el ministro de Exterior y otros oficiales”.
Por ello, exigió una disculpa formal por parte de Guatemala, ya que el tiroteo que acabó con la vida del adolescente se produjo dentro de territorio beliceño, donde el joven se habría adentrado en varias ocasiones.
El embajador de Guatemala en Belice, Estuardo Roldán, afirmó que dicho informe, el cual todavía está siendo analizado por las autoridades, tiene “limitaciones”, entre ellas la cadena de custodia de las pruebas o el excesivo periodo de tiempo transcurrido entre el incidente y la investigación.
A este respecto, Talamas reconoció que algunas pruebas no pudieron ser recogidas, ya que habían sido contaminadas o retiradas.
El informe, elaborado por dos expertos aportados por México y Estados Unidos, recoge testimonios de la familia Alvarado, de los vecinos de la zona, de las fuerzas de seguridad beliceñas, así como de médicos forenses.
En las próximas horas la OEA entregará oficialmente el informe a las autoridades de Guatemala, quienes deberán decidir si lo hacen público.
Desde el 1 de julio de 2003 la Secretaría General de la OEA estableció una Oficina en la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala, la cual contribuye a la gestión de proyectos de cooperación en beneficio de ambos países, que mantienen un litigio territorial desde hace más de 100 años.
Talamas señaló que se trata de una zona muy compleja, donde además de la disputa fronteriza, se registran casos de narcotráfico, tala y caza furtiva.
La OEA estudiará otros dos casos de incidentes ocurridos en la frontera desde 2014, agregó.
“Los incidentes van a seguir ocurriendo”, dijo, y abogó por rebajar la tensión en la zona impulsando los mecanismos de cooperación.
La muerte de Alvarado elevó en abril pasado la tensión entre ambos países centroamericanos, que mantienen un litigio fronterizo desde hace más de 150 años y en la actualidad no cuentan con una frontera delimitada.
Guatemala reclama 12.272 kilómetros cuadrados del territorio que hoy ocupa Belice, lo que representa un poco más de la mitad de ese país.
