En su informe mensual, la organización que dirige Elizardo Sánchez indicó que en agosto hubo al menos 632 detenciones políticas, una cifra inferior a la de julio (652), que fue la más baja en diez meses, y a las de junio (963) y mayo (1.120).
La mayoría de esas “detenciones arbitrarias por motivos políticos” fue de corta duración, excepto en casos específicos como el del opositor René Rouco que fue “trasladado a una prisión a la espera de un ‘juicio’ políticamente condicionado” en La Habana.
“Es visible que el número de detenciones fue algo menor que en el precedente mes de julio, lo cual pudiera estar definiendo una política coyuntural por parte del gobierno, en el corto plazo, para mejorar su propia imagen ante la comunidad internacional”, señaló la Comisión.
El informe destaca que se están produciendo “cambios en cuanto a las modalidades de represión política” en Cuba, ya que han disminuido las detenciones arbitrarias temporales pero “permanece intacta la enorme capacidad de intimidación” del régimen cubano “sobre la base del espionaje masivo, la desinformación y el recurso a la violencia policial y parapolicial”.
En concreto, el grupo dice haber documentado en agosto 138 casos de disidentes “agredidos físicamente”, 37 víctimas de “diversas formas de hostigamiento”, 19 de “actos vandálicos”, mientras que 9 opositores fueron sometidos a “actos de repudio”.
También menciona actos de represión contra un centenar de activistas del grupo disidente Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en la provincia oriental de Santiago de Cuba.
El Gobierno cubano considera a los disidentes “contrarrevolucionarios” y “mercenarios” al servicio de Estados Unidos.
