Asimismo, solicitaron una audiencia pública y la aprobación de una nueva normativa hecha conjuntamente con los obreros, los empresarios y las autoridades estatales La reunión se realizó en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).
En conferencia de prensa, el titular de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Aldo Snead, declaró que apoyan el control y fiscalización permanente, pero exigen formar parte de los consejos, informó el periodista de Última Hora Darío Lugo. También habló de eventuales protestas en conjunto con los empresarios.
“Si tenemos que salir todos juntos, empresarios y trabajadores, por primera vez en la historia en Paraguay, lo vamos a hacer. Lo tenemos que hacer porque es lo que amerita, no podemos seguir siendo jodidos por el Estado”, agregó Snead.
Por su parte, Bernado Rojas, de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), adelantó que este viernes se reunirán todas las centrales obreras para definir una posible huelga general de trabajadores en caso de no ser tratado el proyecto.
Esta no es la primera vez que los gremios empresariales y obreros rechazan el proyecto. En noviembre de 2015, el Poder Ejecutivo se vio obligado a retirar la propuesta de regulación de jubilaciones al mes de haberla presentado, tras el pedido realizado por las centrales sindicales y la Unión Industrial Paraguaya, comprometiéndose a socializar el plan y presentar uno consensuado.
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La Cámara de Diputados aprobó el pasado miércoles el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. El documento tiene como origen el Poder Ejecutivo y fue derivado al Senado para su estudio.
Integrantes de varios sindicatos se manifestaron este lunes contra el proyecto de ley que crea la Superintendencia. La protesta se realizó frente a la sede de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Hasta el momento, el Primer Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Hacienda (Prisifumih) es el único sindicato que emitió un comunicado a favor de la regulación de las pensiones y jubilaciones.
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El proyecto incluye la creación de un comité asesor, de la superintendencia y del comité de inversiones, de los que participarán representantes del Ministerio de Hacienda, del Banco Central del Paraguay (BCP), del Ministerio de Trabajo, de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y expertos designados por las cajas previsionales públicas y privadas.
El cuestionamiento de los gremios que están en contra del proyecto es sobre la gobernanza, límite de inversiones y su distribución, el gran poder que se le da al superintendente y las decisiones sobre inmuebles.
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Los diversos sectores opositores temen que, con la superintendencia, el Gobierno busque apropiarse de los recursos de las previsionales.
El Gobierno, en cambio, alega que las cajas ya no pueden seguir siendo administradas sin regulación y que con esto, como la misma Giménez sostiene, se protegerán los aportes y se eliminará la discrecionalidad en el manejo de los fondos jubilatorios.
