Por Édgar Medina| Ciudad del Este
Díaz Verón había ordenado investigar a la jueza de Ciudad del Este, por declarar extinguida una causa en la que se investiga supuestamente por lavado de dinero al funcionario aduanero fallecido en un accidente de tránsito, Agustín Ramón Alegre Cano, en cuyo vehículo la Fiscalía había encontrado más de 361 millones de guaraníes y más de 149 dólares americanos, de acuerdo a la versión de los magistrados.
La jueza también dispuso la trasferencia del dinero a una cuenta judicial, en un juicio de sucesión iniciado por los familiares, una vez que su fallo quede firme y ejecutoriado, y su resolución fue confirmada por el Tribunal de Alzada de Ciudad del Este.
El hecho que la Fiscalía investigaba ocurrió el 26 de junio del año 2015 y pretendía saber del origen del dinero, que podría ser ilícito, según el fiscal Hernán Galeano, de la unidad Anticorrupción y Lavado de Dinero. La intención era el comiso, en caso de que se compruebe la hipótesis, aunque los familiares presentaron documentos para justificar y solicitar la devolución de la millonaria suma.
La magistrada Alba Meza refiere en su dictamen que el hecho investigado se inició el día del fallecimiento del aduanero, por lo que correspondía la extinción de la acción, teniendo en cuenta que ya no podría ser objeto de la investigación.
Su resolución fue confirmada por los miembros de la Sala Penal, Isidro González, Aniceto Amarilla y Ramón Echeverrya, quienes rechazaron la apelación del fiscal Anticorrupción. Galeano elevó un informe al fiscal general del Estado y, en consecuencia, este dispuso que la fiscal Denise Duarte investigara a la magistrada.
Este hecho fue considerado como un atropello a la institucionalidad por la Asociación de Magistrados del Alto Paraná, presidido por el camarista Raúl Insaurralde, durante una conferencia de prensa realizada ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este.
El juez sostuvo que “Se pretende desviar la atención de la negligencia de los agentes fiscales. Últimamente han utilizado los medios para extorsionar y desviar la independencia de cada juez”. Insaurralde manifestó, que, sin agotar las instancias, que sería recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general ordena investigar a una jueza.
Por su parte, el juez Amilcar Marecos sostuvo que incluso la disposición se podría tomar como una velada amenaza a los ministros de la Corte, que son quienes deben revisar la resolución judicial, en caso de que la Fiscalía recurriera contra la resolución de la Cámara de Apelaciones.
“Es necesario que se corrija esto, para volver a la normalidad. Si no, estaríamos ante un caso de que a mi juez no me gusta la postura del fiscal, entonces, le denuncio porque no me gustó su dictamen”, agregó Insaurralde.
La Asociación recordó que ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones.
Señalaron además que la Fiscalía “intenta responsabilizar al Poder Judicial de su inacción, displicencia y falta de voluntad, para requerir las medidas aseguradoras de los objetos que guardarían relación con la existencia de un delito, pretendiendo engañar a la ciudadanía”.
