La inversión social promedio en América Latina –según la Cepal– es de USD 728 al año. La de Paraguay es de USD 422, mientras que las de Uruguay y Chile están alrededor de USD 2.000. Estas brechas explican con mucha contundencia la distancia que también tenemos en los indicadores sociales.
No es casualidad o producto del azar que mientras los dos últimos países se encuentran en los primeros lugares de los ránkings en el Índice de Desarrollo Humano o de Competitividad Global, Paraguay se ubique al final de cualquier indicador de desarrollo.
Durante la última década, la inversión social aumentó en el país lo que derivó en mejoras de casi todos los indicadores sociales. No obstante, es necesario señalar que el país no pudo cerrar las brechas con los demás de América Latina y menos aún con los países mejor posicionados. Al contrario, en algunos indicadores, si bien mejoramos, nuestra lentitud frente a los mayores avances relativos hizo que perdiéramos lugares porque otros países nos ganaron en la carrera del desarrollo.
Además del bajo ritmo en las mejoras, pareciera que hay problemas de eficiencia. Es necesario analizar por qué Paraguay invirtiendo una mayor proporción de gastos con respecto al PIB que países como Panamá y Ecuador o estando cerca del Perú, presenta índices en peor situación.
Debemos preguntarnos qué estamos haciendo mal. El problema está en el mal diseño de los programas, las estrategias utilizadas no son consistentes con las causas de los problemas, las acciones que se financian no son las que se requieren, los costos están por encima de lo normal, los beneficios se dirigen hacia quienes no son titulares del Derecho, son algunos de los interrogantes por responder.
Las instituciones que implementan las políticas, así como las contraloras y evaluadoras deben analizar los obstáculos que enfrenta el sector público para mejorar el uso de los recursos y conseguir mejores resultados.
Paraguay debe integrarse al mundo como un país orgulloso de sus logros y del irrestricto respeto a los derechos humanos. La eliminación de la pobreza, la reducción de las desigualdades, por lo menos a los niveles de los países latinoamericanos con menores brechas, el aumento de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los compromisos internacionales deben estar en el centro de atención y contar con el financiamiento necesario en el marco de políticas eficientes y eficaces.
Si no se observan resultados en este sentido, el aumento de la inversión social no es un logro sino más bien la señal de una mala gestión de los recursos públicos y, por consiguiente, del fracaso de políticos, autoridades y funcionarios públicos.
