Con 462 votos a favor, 74 en contra y 65 en abstención, los parlamentarios aprobaron la “Ley de Confianza en la vida pública”, una de las promesas de campaña del actual presidente del país galo, Emmanuel Macron.
De esta manera, funcionarios, ministros, diputados y otros cargos de representación popular no tendrán la opción de contar específicamente con los servicios de cónyuges, padres o hijos.
De lo contrario son expuestos a una condena de tres años de prisión y 45.000 euros de multa e incluso se podría dar el caso de la devolución del sueldo del familiar.
También se aprobó un dispositivo de reembolso para justificar los gastos de los parlamentarios y una pena complementaria que le impida repostularse a aquel funcionario condenado por falta de integridad, informó La Tercera.
Esta nueva regulación todavía no entra en vigencia ya que enfrenta un obstáculo. Diputados del partido conservador Los Republicanos recurrieron al Consejo Constitucional para que evalúe específicamente la normativa que prohíbe a los cargos públicos contratar a familiares porque consideran que el mismo es “discriminativo”.
