El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, finalmente firmó ayer la resolución que canceló la licitación para la reconstrucción, recapado y reciclado de 560 km de la ruta 9 Carlos Antonio López y accesos, más conocida como la Transchaco, que se pretendía ejecutar con la Ley 5074 llave en mano.
De esta manera, se confirmó la información que se manejaba sobre la inminente anulación de todo el proceso. Según la resolución, el Ministerio de Hacienda frenó todo el proceso, ya que el proyecto resultaría en un déficit fiscal por el elevado costo que presentó la firma portuguesa Mota Engil, única oferente del llamado.
El MOPC perdió dos años para buscar financiamiento vía llave en mano, pese a las advertencias, en su momento, de que los proyectos con esta normativa no serían atractivos a las empresas. Ahora se deberá buscar otra manera de fondear la necesaria obra.
La resolución de Jiménez Gaona describe claramente las objeciones del Tesoro, que incluso consideró que el costo del financiamiento es mayor a otras alternativas disponibles para el Estado.
Cabe señalar que el MOPC incluso contrató por USD 10 millones a la consultora Deloitte para asegurar el éxito de los proyectos denominados estratégicos, uno de ellos la Transchaco, que hoy es un total fracaso por la falta de oferentes.
ÚH intentó tener mayores detalles de la decisión, como la tasa de interés que ofertó Mota Engil, para saber el costo real de la obra en el largo plazo. Sin embargo, Claudia Centurión, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos del MOPC, dijo que los detalles se darán a conocer el lunes en conferencia de prensa.
Vale recordar que Mota-Engil presentó una oferta de USD 596 millones para ejecutar las obras, que representan USD 162 millones más respecto al costo que estimó el MOPC. Empero, Obras Públicas recomendó adjudicar el proyecto por casi USD 635 millones que, según Centurión, es el valor presente neto de la oferta, teniendo en cuenta el financiamiento a largo plazo. Hacienda justificó la cancelación de la licitación y expresó que la decisión se debe a que, en el período del llamado (2015), se pronosticaba una buena recaudación tributaria para cumplir con los pagos, pero finalmente no fue así.
Esto porque la coyuntura económica regional fue muy adversa en el último cuatrimestre del año 2015 y en lo transcurrido en el 2016, lo cual ha derivado en un menor nivel de recaudación de ingresos fiscales, en relación a lo previsto.
De acuerdo al Tesoro, la pérdida de recaudación está en el orden del 0,7% del PIB (equivalente a USD 206 millones) en el último cuatrimestre del 2015, y del 2,8% del PIB (equivalente a USD 757 millones) en el período de enero a octubre 2016.