Se dio a conocer la respuesta del propio fiscal general del Estado, Francisco Díaz Verón, quien remitió un escueto e incompleto informe de tan solo dos páginas con datos bastante genéricos.
De hecho, el titular del Ministerio Público se excusa en artículos constitucionales y en el Código Procesal Penal para alegar que no puede detallar sobre el estado de los casos.
“En esta inteligencia, la Fiscalía General del Estado únicamente puede proveer informaciones relacionadas con causas penales, de manera general, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores ante los diferentes requerimientos presentados por los señores legisladores”, dice la nota que lleva la firma de Díaz Verón.
Alega que cumple en adjuntar la planilla con la información requerida relacionada con causas ingresadas en el periodo solicitado, la cantidad de sustancias incineradas y el estado procesal. (Ver facsímil de la nota).
No obstante, en el informe no constan los detalles de qué casos se trata ni los jueces que están a cargo ni el tipo de droga ni la cantidad de sustancia que no fue incinerada.
“Si bien el Poder Legislativo posee incuestionables facultades para solicitar informes a los demás Poderes del Estado y otros órganos constitucionales, sobre asuntos de interés público”, esto procede en la medida que no lesione otras garantías constitucionales, cuya atención y protección han sido puestas bajo la custodia de estos”, dice la nota del Ministerio Público.
“Es necesario hacer notar que existen determinadas materias atribuidas por la Constitución a la competencia de cada poder, que no pueden ser abordadas por los demás poderes sin que con ellos se cause agravio a la Constitución Nacional, especialmente en materia penal y lo relacionado con los derechos o el ejercicio del poder policial o de control”, se argumenta.
El informe de la Fiscalía solo contiene números y cifras sin elementos explicativos.