La Fiscalía solicitó 30 años de cárcel y 10 años de medidas de seguridad para Rubén Villalba, por la matanza de Curuguaty. Además, requirió penas de entre 25 y 5 años de encierro para los demás acusados.
Los alegatos finales por parte del Ministerio Público empezaron por la mañana, y culminaron a las 17.00 aproximadamente, cuando pidieron las penas ante los jueces.
Tal como lo realizó el martes, los fiscales Nelson Ruiz, Liliana Alcaraz y Leonardi Guerrero se turnaron para realizar los alegatos finales.
Con respecto a Rubén Villalba, para quien se pidió la máxima pena e incluso medidas de seguridad por ser el líder, refirieron que actuó con la decisión de matar.
Los fiscales sostuvieron que se cumplió con lo planificado, de esperar que los policías cruzaran el segundo portón, para rodearlos en “u”.
Dijeron que usaron a las mujeres y los niños para darles confianza, para finalmente emboscar a los uniformados.
Los fiscales ratificaron que Villalba junto con Luis Olmedo Paredes fueron los que mataron a tiros al subcomisario Erven Lovera. Por eso pidieron las penas más altas por homicidio doloso agravado consumado y atentado.
INMUEBLE. El fiscal Nelson Ruiz fue el encargado de argumentar sobre la invasión del inmueble.
Señaló que la invasión y el sitio de los hechos se registró en la finca 72, que pertenece de la firma Campos Morombí, y no en la finca 30, que es la denominada Marina Cué, que había sido donada al Estado por La Industrial Paraguaya.
Asimismo, Ruiz recordó que los testigos afirmaron que los acusados sabían de la situación jurídica de las tierras de las fincas 30 y 72 e intentaron dar un ropaje de legalidad al propósito.
Incluso, alegó que Marina Cué se encuentra rodeada por las tierras de Campos Morombí, por lo que necesariamente tuvieron que pasar por allí, con lo que se configura igual la invasión del inmueble.
Es más, el fiscal señaló que la escritura pública de donación de La Industrial Paraguaya al Estado y el decreto de aceptación no cumplían con los requisitos legales.
ASOCIACIÓN. Por su parte, la Fiscalía argumentó que hubo también una asociación criminal. Había un orden jerárquico, un mecanismo de financiamiento propio, con el “cuaderno de aportes”.
Acotaron que la asociación criminal, donde el líder era Rubén Villalba, estaba compuesta por unas 150 personas. Dijeron que tenían la intención de apoderarse de bienes ajenos.
Es más, afirmaron que incluso tenían prevista la resistencia armada, con la posibilidad de matar a los que iban a realizar el desalojo.
LOS DEMÁS. Con relación a las mujeres, explicaron que fueron aprehendidas en el lugar, y en el video aparecen con menores. Indicaron que ellas formaban parte del plan de darle confianza a los policías que ingresaban.
Es más, los acusaron de ser cómplices en el homicidio doloso agravado, por lo que pidieron penas de 8 años para las mismas.
Ya por la tarde, los fiscales solicitaron las penas para cada uno de los acusados, especificando la situación de cada uno y su responsabilidad.
Al finalizar, pidieron resguardo policial para no enfrentarse al público. Se les permitió salir por la parte de atrás por seguridad.