El caso tiene que ver con la compra de equipos para escuchas telefónicas por parte de la Senad.
El fiscal Martín Cabrera además imputó a Nicasio y Javier Bóbeda, Silvia Jara, Antonio Pereira, Silvio Amarilla, Alberto Ferreira, Jessica Reyes, Javier Benítez y Hugo Danilo González Rodríguez.
La imputación es por presunta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y contrabando.
El agente fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva.
Las compras de equipos de espionaje telefónico que investiga el Ministerio Público data del 2010, cuando se adquirió el primero por USD 200.000. Luego, en enero de 2013 la Senad desembolsó para la empresa Televox S.R.L. G. 9.406.120.000 y posteriormente otros G. 1.251.000.000 por equipos tácticos de comunicación.
La compañía involucrada está siendo investigada por megaevasión de impuestos. La Dirección de Aduanas confirmó que no se pagaron los tributos correspondientes por los equipos que costaron al Estado más de USD 2.500.000.
